Redacción
Un pronunciamiento conjunto del Gobierno de Michoacán y del Consejo Estatal de Migración fue lanzado desde Morelia contra la llamada Ley SB 1718 del estado de Florida que entró en vigor el pasado 1 de julio, por considerarla discriminatoria, xenofóbica y racista contra los migrantes indocumentados.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a su homólogo de Florida, Ron DeSantis, promotor de la ley y aspirante a la presidencia de Estados Unidos, a no intervenir con los derechos humanos de la comunidad migrante indocumentada, y a que no se convierta en un tema electoral.
En sesión ordinaria del Consejo Estatal de Migración del Estado, celebrada en Casa Michoacán, se aprobó y lanzó el pronunciamiento, cuyo consejo lo integran representantes del Congreso local, organismos públicos autónomos y consejeros migrantes.
Ramírez Bedolla confió en que el Congreso local apruebe la propuesta y respalde su contenido para que llegue a la Secretaría de Relaciones Exteriores e instancias internacionales y de esta forma alzar la voz sobre el posicionamiento de humanismo y apoyo a los migrantes.
El mandatario estatal llamó al gobernador de Florida, a la Unión Americana y al Congreso estadounidense a que no permitan la aplicación de dicha ley que va en contra de la Convención de los Derechos Humanos, y a que no sea un tema preelectoral que justifique la discriminación y racismo.
Bedolla manifestó que es imposible dejar pasar la circunstancia que viven migrantes michoacanos, centroamericanos y de todo el mundo “que nos indigna y que, además, está fuera de lo que se puede considerar dentro de un mundo civilizado”.
La secretaria del Migrante, Teresa Mora Covarrubias, describió que la Ley Florida castiga severamente a los migrantes indocumentados y a quienes los ayudan, y criminaliza y trasgrede derechos humanos de cientos de miles de niños, adolescentes y adultos, por lo que es totalmente reprobable.
En el pronunciamiento, se exige al Congreso y gobierno de Florida cese al hostigamiento y la persecución de cualquier persona indocumentada “por su legislación racista y discriminatoria”, así como la abrogación de toda ley que criminalice a las personas por su origen étnico o nacional y su situación migratoria.
