TRANSFORMANDO
En 2019, el Congreso de la Unión aprobó una propuesta Lopezobradorista por medio de Morena, que el próximo 1o. de septiembre el presidente no va a respetar.
El cálculo del presidente es perfecto, ya que en 2019 no contaba con perder la mayoría en el Congreso en las pasadas elecciones de 2021 y hoy sabe que, si envía una reforma constitucional, tendrá el mismo destino que su reforma energética.
Dicha modificación a la Constitución fue al artículo 21, donde menciona que la Guardia Nacional es de carácter civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad.
Sin embargo, el 11 de mayo del 2020, por decreto, el presidente ordenó el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, con vigencia hasta 2024 que concluirá su sexenio.
En 2020, la diputada panista Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, impugnó esta resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), por considerarla inconstitucional, ya que violaba, entre otras cosas, el artículo 21 de la Carta Magna.
A más de 2 años, la SCJN no ha atraído el caso para discusión y se mantiene en operación el decreto del presidente, aunque se encuentre impugnado.
El “tortuguismo” de la SCJN le abre una ventana al presidente para el próximo 1o. de septiembre, ya que sabe que la reacción inmediata de la oposición a la iniciativa preferente que enviará, será impugnarla ante la SCJN, lo cual, de continuar con la eficiencia en sus tiempos, no tendrá resolución, por lo menos hasta que termine su sexenio.
El problema de la Guardia Nacional es que nació como una policía de proximidad, por eso realizan patrullajes, sin tener la facultad de investigar delitos, como si fuera una policía municipal.
La solución no es militarizar la seguridad del país, aunque el presidente asegure que seguirá siendo civil, teniendo mando militar, lo cual carece de sentido tan sólo al explicarlo.
Eliminando los cálculos políticos del presidente y sus opositores, en realidad al día de hoy, lejos de mejorar la seguridad en el país, ha empeorado, ya que desde el 30 de junio de 2019 a junio de 2022, más de 100 mil personas han perdido la vida en el país, lo cual, al menos tiene un incremento del 8% con respecto al periodo anterior, sumado a las más de 400 quejas por violación de derechos humanos que se han presentado ante la CNDH.
Una de las diferencias entre una Guardia Civil y una militarizada, es la obediencia jerárquica, una Guardia Civil puede cuestionar sus acciones basadas en la Constitución o protocolos, una guardia militar, acata sin cuestionar las órdenes de su superior, ya que de no obedecer puede ser sancionado incluso en una corte marcial.
Otro argumento del presidente es que el Ejército es incorruptible, sin embargo, hay múltiples evidencias e investigaciones por la opacidad en la rendición de cuentas y el manejo de recursos públicos en las obras que tienen asignadas.
El problema de la seguridad es complejo y no se resolverá haciendo modificaciones secundarias a las leyes, se debe atacar de fondo dotando de capacitación y equipo, además de la dignificación de las fuerzas del orden en todos sus niveles.
¿De qué sirve tener una guardia nacional civil o no, dependiendo de Sedena, mientras las policías municipales siguen en el olvido?
Insisto ¡Es tiempo de los ciudadanos!, que no hemos perdido el rumbo.
Abelardo Pérez Estrada
@abeperez
Empresario, analista político, Expresidente CANACINTRA
