Foto: ACG

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, advirtió sobre las posibles consecuencias que podrían derivarse de la eliminación de la prisión preventiva en el sistema judicial mexicano, argumentando que ello conduciría a un aumento en la impunidad y representaría un retroceso en los esfuerzos por garantizar la seguridad y la justicia en el país.

En conferencia de prensa desde Casa Michoacán, el mandatario estatal emitió datos sobre las personas con prisión preventiva en la actualidad en Michoacán.

Actualmente hay seis mil 555 personas en prisión preventiva en Michoacán, de las cuales tres mil 354 están procesadas y esperan sentencia, mientras que tres mil 201 ya han sido sentenciadas. El gobernador destacó que, de eliminarse la prisión preventiva, las 3 mil 201 personas sentenciadas podrían quedar en libertad, lo que representaría un grave revés para los diez años de esfuerzos por llevar a cabo un proceso judicial justo y eficaz.

“De no tener prisión preventiva, estas 3,201 personas sentenciadas tendrían que ser recapturadas en el momento de recibir su sentencia. Esto significaría la posibilidad de que una cantidad significativa de personas se fugara, poniendo en riesgo la seguridad pública”, advirtió Bedolla.

Finalmente, el mandatario estatal llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no politizar la discusión que tendrá en próximos días para eliminar o no, la figura de prisión preventiva.

La SCJN considera inaplicar la prisión preventiva oficiosa debido a que vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la integridad personal. Esta medida se propone en respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que condenó a México por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos al mantener el arraigo y la prisión preventiva oficiosa en el caso García Rodríguez y otro vs. México.

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