Morelia, Michoacán
Un factor determinante para que la familia de Jessica González Villaseñor obtuviera un veredicto en contra del feminicida de la joven, Diego Urik Mañón Melgoza, fueron las marchas donde colectivas feministas acompañaron a la familia a exigir justicia, considera Maricela Montera, quien es parte de la colectiva Incendiarias.
“La protesta social sí importa, cuando dicen que estas no son las formas, en realidad sí son la formas, porque lo que vimos en el caso de Jessica es que esa protesta que se hizo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las calles marchando, gritando su nombre, es lo que empujó a que la FGE hiciera bien su trabajo, porque hay muchos otros casos donde la justicia no llega”, expresó en su colaboración semanal con Primera Plana Mx.
La activista explicó que en este caso se logró una sentencia un poco más de dos años después de que se cometió el feminicidio, pero hay otros casos en donde años después, los culpables siguen libres, como el de marijo, quien fue asesinada en febrero de hace cuatro o cinco años y el de Ana Luz, quien tenía 11 años y asesinaron hace cuatro años, lo que denota que la presión social sí es un factor determinante.

“Hay muchísimos otros casos que desafortunadamente al no tener esta presión mediática y social, las autoridades los han dejado en el abandono”, lamentó.
Consideró que este mensaje es algo que deja a la sociedad el caso que impactó tanto a Michoacán como al país, así como un mejor entendimiento de la diferencia entre un feminicidio y un homicidio doloso contra una mujer.
“Es un tipo penal diferente al homcidio doloso […] lleva toda una carga de violencia machista. Toda la violencia que vivió Jessica previa a su muerte, fue asesinada de más de 30 golpes, la violencia sexual, la forma en que expuso su cuerpo en este paraje abandonado…”
Es por ello, concluyó, que tanto la familia de la joven maestra como las colectivas feministas que la acompañaron, exigen que la sentencia de individualización de pena que se dicte este viernes sea por la pena máxima -alrededor de 50 años-, ya que “después de asesinarla vio a sus amigos, pidió ayuda para esconder el cuerpo, fue a comer tacos y a un casino”.




