Morelia, Michoacán

Convertirse en maestro del sector público en Michoacán tenía precio: las plazas se cotizaban entre 300 mil y 400 mil pesos, según la zona escolar, municipio, plantel educativo o si era en área urbana o rural.

El llamado ‘huachicol educativo’ fue una realidad durante las últimas décadas, periodo en el que se tejió toda una red de corrupción para comercializar las plazas al mejor postor.

Al menos ese fue el panorama que dibujó la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Yarabí Ávila, al ‘desnudar’ la forma de operar de líderes sindicales, profesores, directivos de escuelas y trabajadores que, en cadena, disponían de las plazas docentes como negocio altamente lucrativo.

“¿Cómo funcionaba esta forma de operar anteriormente? Pues existía una persona, un trabajador de la Secretaría de Educación, algún integrante de alguna expresión sindical, algún trabajador administrativo, que efectivamente formaba parte de esta red y lo que hacía era cazar esas plazas, identificar en qué escuela había una plaza.

“¿Cómo las identificaban? Pues lo hacían en donde lamentablemente había una persona que fallecía, algún jubilado o una renuncia. Esa plaza era atrapada por estas personas, es decir, el coyote o el gestor, para posteriormente buscar quienes estaban interesados en adquirir una plaza”, explicó la funcionaria en conferencia de prensa.

Ávila detalló que, generalmente, quienes compraban la plaza no tenían el perfil ni los estudios para ser maestro.

Para consumar la venta de plazas, los implicados en la red de corrupción prohibían al director del plantel educativo informar sobre la disponibilidad de esa plaza y poder así tener ellos la libertad de ofertarla.

“Posteriormente se hacía el cobro de los 300 a los 400 mil pesos”, destacó la exdiputada local en su exposición.

De acuerdo con Yarabí Ávila, el haber instaurado por primera vez este año un proceso de asignación de plazas pública, transparente y sin la intervención de los sindicatos, es la razón por la que integrantes de la CNTE continúan realizando manifestaciones y protestas en las calles.

“Hay gente que está exigiendo esas plazas que fueron vendidas en años pasados y que no se les ha cumplido, precisamente porque ahora todo es a través de los procesos normativos, tanto estatales como federales y ahí es donde ya no les cuadró bien el negocio”, evidenció.

Según las investigaciones internas que ha realizado la Secretaría de Educación, esta red de corrupción cobraba hasta los cambios de centros de trabajo: 60 mil pesos llegaban a costar las reubicaciones de la plaza.

Había también, según Ávila, venta de plazas administrativas o de intendencia si el interesado desembolsaba un pago que podía llegar hasta los 150 mil pesos.

Para el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, las demandas que plantean maestros en sus marchas, bloqueos y plantones, son en realidad una careta del gran negocio que quieren seguir manteniendo con la venta de plazas.

“Realmente atrás hay un gran negocio, un negocio de corrupción que durante décadas operó de parte del sindicato, de los sindicatos y trabajadores de gobierno. Seguramente seguirá habiendo manifestaciones, pero ya sabemos por qué son”, planteó.

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