Morelia, Michoacán
A la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la hacienda pública estatal les costó 20 millones de pesos el despido de los 110 policías ministeriales que fueron dados de baja por el virrey Alfredo Castillo Cervantes. Así lo informó el fiscal general en la entidad, Adrián López Solís.
En entrevista durante el programa radiofónico de Primera Plana “Los Demonios Sueltos”, López Solís refirió que los elementos despedidos demandaron al gobierno estatal ante el Tribunal de Justicia Administrativa y condenaron a la Procuraduría (ahora Fiscalía) a pagos multimillonarios.
“Esos despedidos les costaron 20 millones de pesos al Estado. Eso pasa cuando se les despide a los trabajadores sin los debidos cuidados, se debe cumplir con los debidos procedimientos”, consideró.
En 2014, el comisionado Castillo Cervantes tomó el control total de la seguridad en Michoacán, luego de que las autodefensas se convirtieron en un problema social en la entidad; grupos de civiles armados que pretendían ejercer las tareas de seguridad que correspondían a los policías.
Durante la revisión de las corporaciones, Castillo Cervantes ordenó el despido de 110 policías ministeriales adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por no pasar exámenes de control de confianza.
“Si esas personas estaban implicadas en actos delincuenciales, solo bastaba decir que no eran dignos de confianza y buscar un proceso para separarlos, pero mandar un mensaje de que todo está podrido o corrupto solo funciona en cierto momento, porque a la vuelta del tiempo, los que terminan en ese plan terminan siendo señalados”, opinó.
López Solís declaró que pasados los años los policías ganaron los juicios y al Estado le ha tocado desembolsar 20 millones de pesos, por un error cometido hace siete años.
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