Morelia, Michoacán
Al considerar que un pena de 50 años de cárcel no es suficiente para castigar a una persona que cometió un feminicidio, se presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para que la única sanción posible para este delito sea “pena vitalicia de prisión”.
La propuesta está firmada por Verónica Villaseñor, madre de Jessica González, quien fue víctima de feminicidio en septiembre de 2019 y considera “una burla” la pena de 40 años que se impuso hace unos días a un feminicida. Firman también las abogadas activistas Elvia Higuera Pérez y Nuria Gabriela Hernández Abarca, exsecretaria de Igualdad Sustantiva en el estado.
La propuesta es cambiar el Código Penal en su artículo 120, de modo que el único castigo posible sea prisión de por vida y no se pueda tomar en cuenta una graduación de la sentencia dependiendo de la gravedad del acto, como podría ser la condición de vulnerabilidad de la víctima (por ejemplo, si es menor de edad o si cuenta con algún tipo de discapacidad).
A pesar de que en la argumentación de la iniciativa se argumenta que lo que se requiere para acabar con este crimen de odio es una política integral, la única propuesta que se presenta es incrementar la pena.
“Ninguna medida penal tendrá los efectos deseados sino se genera una política más amplia que involucre a sociedad, instituciones y a los servidores públicos que las integramos. Sino dotamos de la suficiencia presupuestaria que permita una atención transversal e integral de las mujeres” (sic.), se expone.
¿Cuáles son los argumentos?
De acuerdo con la fundamentación de esta propuesta, el feminicidio es un crimen que no sólo impide que las mujeres vivan una vida libre de miedo, sino que son parte del machismo y misoginia que daán a toda la comunidad y hasta ahora existen muchos vacíos legales y se permite que se apliquen artificios legales para dilatar los procesos o aminorar los castigos.
¿Cuáles son los contras?
Aunque las ciudadanas que presentan esta inciativa sostienen que es viable porque ya se aprobó este tipo de pena en el Estado de México y ya se ha aplicado en dos casos, existe una polémica legal, debido a que aunque se nombre de otro modo, es el equivalente a “cadena perpetua”, figura que ya había sido abolida de la legislación mexicana desde hace años.
Hay dos factores por los que se determinó concluir con esta sanción: los derechos humanos y al sobrepoblación en las cárceles. A esto se suma también la perspectiva de un sistema de justica que más que castigar a los infractores busque reinsertarlos en la sociedad y reparar el daño.
Otro Congreso estatal que adoptó este tipo de castigo es el Chihuahua, pero para los delitos de homicidio múltiple y secuestro, a partir de una iniciativa presentada por el entonces gobernador César Duarte, hoy detenido.
En aquel momento fue impugnada esta reforma con el argumento de que resultaba anticonstitucional, pero el Poder Judicial dio la razón a los legisladores con el argumento de que la cadena perpetua es equivalente a la prisión vitalicia. Entre estos magistrados estaba Olga Sánchez Cordero.
Más tarde, un diputado federal de Morena presentaría una iniciativa para incluir esta sanción en el Código Penal federal por delitos como el feminicidio, pero todavía no se ha sometido a votación en el pleno.
Por otro lado, si bien no existe en México la cadena perpetua, sí se permiten las penas acumulativas -y no simultáneas, como en Estados Unidos-, de modo que una persona puede ser condenada a un número indefinido de años (existen penas de más 900 años, por ejemplo).
¿Entonces?
Dependiendo del ánimo de los diputados, la iniciativa podría o no prosperar y aprobarse en Michoacán, pero en caso de que se haga, podrían presentarse recursos ante los tribunales con el argumento de que va en contra de la Constitución o de los tratados internacionales o por la falta de matices en el tipo de castigo.
Independientemente de si esto sucede o no, un incremento en la pena no es garantía de que se vaya a dejar de cometer el delito, ya que como las mismas sustentantes sostienen, se requiere de una estrategia integral.
Por parte del gobernador del estado, Alfredo Ramírez, existe un planteamiento de homologar los códigos penales federal y estatal, con lo que este tema se quedaría en suspenso.
