Gambito Social
Por: Horacio Erik Avilés Martínez
Pareciera que el sistema educativo michoacano ha concentrado la inmensa mayoría de los fenómenos negativos de la nación; realmente hemos tocado fondo. Requerimos que se haga consciencia de la situación, a la par que se construya y ejecute colectivamente un plan de acción por la recuperación de las garantías educativas de las generaciones en formación, así como de los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
En el equipo de transición hay una serie de nombres designados para el sector educativo, especialmente por ahora, para dar seguimiento a la constitucional entrega-recepción de las dependencias respectivas.
Sus perfiles y áreas de experticia son heterogéneos, ya que entre ellos hay académicos, de mediano y alto perfil; personas con mucha y con escasa experiencia docente, algunos otrora administradores de escuelas privadas, así como exrectores de universidades públicas, la gran mayoría son exfuncionarios, hay también supervisores escolares de carrera y activistas político-sindicales o personas directamente relacionadas con partidos políticos y organizaciones gremiales.
A pesar de sus orígenes, competencias y trayectorias diversas, todos están recibiendo la delegación del bono democrático ganado en las urnas y, por ende, deben de sumar al proyecto transformador de la educación estatal, a nivel de responsabilidades asignadas individualmente y como equipo multidisciplinario de trabajo, ya que seguramente son la simiente del gabinete educativo del sexenio que está por comenzar.
Entre ellos deberá conformarse un grupo de tarea que deberá honrar la confianza que les brinda el gobernador electo para revisar a profundidad y concienzudamente el estado que guardan las dependencias del sector educativo en la entidad, así como para construir un programa de trabajo que sea contributivo para la conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y que, a su vez, impacte decisivamente en el mejoramiento de los indicadores educativos de la entidad, poniendo de nueva cuenta al centro el interés superior de la infancia y juventud.
Deberán también, de construir gobernanza con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones estudiantiles, de maestros y de padres de familia, así como con el sector académico, para poder establecer redes de políticas públicas donde la opinión, la recomendación y la propuesta contribuyan ampliamente al diseño y ejecución de medidas para el desarrollo educativo estatal.
Por lo pronto, se cometería un error si se quisiera fijar como punto de partida la situación actual del sistema educativo estatal. El abandono, la omisión, la corrupción y la ausencia de garantías lo tienen en un estado tal que resultaría inaceptable pretender fijar el estatus vigente como referencia o comparativo. Para tales efectos existe la normatividad aplicable en la materia. Ya mínimamente, debería de tomarse como meta alcanzar la media nacional en los indicadores respectivos.
Por el contrario, el no retorno a clases para cientos de miles de estudiantes michoacanos debe de ser tomado en cuenta como una situación de emergencia que impele a la construcción de medidas de política pública donde se garanticen los derechos educativos de los estudiantes. Es decir, aunque la situación sea desesperante e inaceptable, las expectativas son muy altas.
Los michoacanos han padecido y esperado durante décadas por soluciones integrales, las cuales no son lujos, sino derechos que deberían garantizarse, como acontece en la gran mayoría de las entidades federativas de la nación.
La hiper movilización de los actores del sistema educativo, más allá de la sinrazón de muchos dirigentes, habla de la existencia de abusos seculares contra estudiantes, maestros y padres de familia.
De reivindicaciones y actos de justicia social largamente procrastinadas. La historia indica que los derechos se conquistan y que, derecho que no se ejerce ,es derecho que se pierde.
Bajo esa lógica, la ruta para difuminar el malestar en el sistema educativo y recomponer el clima laboral imperante entre el magisterio pasa indefectiblemente por garantizar sus salarios y demás derechos laborales, así como por mejorar la situación en la cual acuden los estudiantes a los planteles, toda vez que el personal de primer contacto es precisamente el que está en funciones docentes o de asistencia y apoyo a la educación, razón por la cual se sensibilizan y conocen de viva voz las condiciones de miseria, desigualdad y violencia en la que viven la mayoría de los michoacanos.
Mientras no existan justicia social, bienestar e igualdad de oportunidades para los estudiantes y sus familias, resultará imposible que los maestros estén conformes con la situación que impera en las comunidades, por lo que se deben construir soluciones estructurales para la crisis sistémica que nos embarga.
Hay que considerar que la crisis también es una oportunidad inmensa de reestructurar el sistema educativo, de construir nuevos acuerdos, de destinar mayor inversión pública y de generar un clima diferente. Conlleva también la posibilidad de redefinir la lucha magisterial, el gremialismo y el sindicalismo, legitimando las banderas que les son intrínsecas y visibilizando las malas prácticas que se han enquistado entre las cúpulas. Existe la posibilidad entre la crisis de superar la mala normalidad a la cual nos habíamos habituado.
En una semana deberá de iniciar la nueva administración pública estatal y, con ella, el cumplimiento de las responsabilidades educativas por parte de las nuevas autoridades.
Lamentablemente, el impago de los trabajadores de la educación cuya modalidad de sostenimiento financiero es estatal, perdurará durante lo que resta de este mes, situación de inconformidad que hará sincronía con las protestas de finales de septiembre y principios de octubre que suelen estar calendarizadas ya en el sistema educativo.
Mientras tanto, los estudiantes están pasando uno de los peores periodos en la muy convulsa historia de la educación michoacana. Sin clases, con beligerancia y sin certidumbre de poder retornar a ejercer a plenitud sus derechos humanos, especialmente aquellos que se viven en la escuela.
Nuestro estado ya puede ser declarado, una vez más, en último lugar en materia educativa, ahora en lo que respecta a la instrumentación de una política pública de regreso a clases. La crisis financiera que lo empeora todo resultaba previsible desde el año pasado, pero resultó más urgente destinar el erario estatal al entretenimiento que al pago puntual de los trabajadores de la educación.
Simultáneamente, ha pasado más de un cuarto de siglo y no se ha podido poner orden en muchos aspectos, como el tráfico de plazas y espacios en el sector educativo, el contener y reivindicar a los grupos de interés, reencausándolos hacia sus vocaciones y misiones fundacionales.
Estas situaciones nos alejan más de varios de nuestros ya muy distantes vecinos, como son Guanajuato, Jalisco, Querétaro, el Estado de México y Colima, entidades en las cuales hay avances muy importantes en el retorno a la presencialidad.
En Guerrero no hubo regreso a clases presenciales por decisión local tomada con base en la situación semafórica de la pandemia, pero hubo actividades educativas a distancia, a diferencia de Michoacán, donde hay un paro de brazos caídos que acumula cuatro semanas en las escuelas públicas.
Decenas de generaciones heridas se acumulan en la entidad.
Un Michoacán virtual vive fuera de nuestro territorio por falta de oportunidades, nos encontramos en los primeros lugares en violencia y delincuencia, en pobreza y en desigualdad. Quienes no tienen la oportunidad de aprender a producir riqueza para subsistir, están condenados vitaliciamente a arrebatar o mendigar el pan que se comen.
El impacto de la pandemia aún tardará siquiera en diagnosticarse y registrarse debidamente, a pesar de que la autoridad estatal cuenta con la información, atribuciones y recursos humanos para realizar un pase de lista grupo por grupo, escuela por escuela de estudiantes, trabajadores de la educación y de personal con funciones directivas. Los estudios sobre rezago en el aprendizaje y afectaciones en lo socioemocional pueden incluso durar más.
Una ausencia agrava la situación: la sociedad michoacana no cuenta con un observatorio educativo.
Es decir, los ciudadanos no contamos con un portal electrónico o una aplicación para celular para conocer el estado del avance de las acciones rumbo al retorno a la presencialidad escolar, donde se pudiera conocer, por ejemplo, cuántas y cuáles escuelas públicas ya cuentan con agua potable, drenaje, conectividad y demás servicios básicos, con consumibles y equipo para tomar medidas sanitarias para la prevención de contagios por COVID-19, cuántos y quienes de los trabajadores de la educación ya cuentan con su respectiva vacunación, en dónde se han sustituido a docentes por padecer comorbilidades, si se cuenta con posibilidades de brindar en comodato dispositivos electrónicos para los estudiantes a quienes no les resulta posible el regreso presencial.
Como un contrapeso que realiza la sociedad civil organizada a escala nacional destaca la lucha que Mexicanos Primero y su brazo jurídico, Aprender Primero han emprendido, impulsando medidas para un regreso presencial a las aulas.
Al respecto, el 20 de agosto pasado la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el Acuerdo 23/08/21, el cual regula el regreso a clases presenciales en el ciclo escolar 2021-2022, señalado para iniciar el 30 de agosto. En él, la SEP hace referencia a las nueve acciones que se llevarán a cabo para un regreso responsable y ordenado, además de hacer referencia a la “Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas”.
Además de no ser un protocolo obligatorio, la Guía permite el uso de cubrebocas caseros, no regula el aforo máximo permitido en los salones ni explica cómo debe ser la ventilación cruzada. Deja a la responsabilidad de las comunidades escolares el hacerse de los insumos necesarios para prevenir contagios, como gel, termómetros, cubrebocas, jabón y hasta el suministro del agua potable.
Por ello, Aprender Primero presentó una demanda de amparo. Ante el peligro inminente a la salud y a la vida de niñas, niños y trabajadores de la educación que regresaron a las aulas, se solicitó una suspensión que previniera un daño irreparable.
En consecuencia, el poder judicial otorgó una suspensión provisional para garantizar el suministro de insumos suficientes y el suministro de agua potable en todas las escuelas, así como emitir el protocolo obligatorio para la prevención, detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia en las escuelas, juntamente con un protocolo con los procedimientos que deben seguir las autoridades escolares en la identificación de posibles casos de contagio, su contención y la canalización a las autoridades de salud correspondientes.
También obliga a las autoridades a establecer los mecanismos para verificar la implementación de las medidas.
Derivado de lo anterior, las autoridades educativas federales y sanitarias cuentan con un plazo de diez días para establecer mecanismos que permitan verificar la implementación de estas medidas y 48 horas para emitir los protocolos.
Mientras el impacto de esta clase de medidas ciudadanas llega a entidades como Michoacán, es tiempo de mejorar, de comprender que podemos aprender de las malas y peores prácticas que se han incrustado en el tuétano del sistema educativo estatal, para erradicarlas de una vez y para siempre.
También, de darnos cuenta de que somos capaces de trazar una ruta de mejora colectiva, poniendo los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sus maestros y sus familias al centro. Es una ventana de oportunidad que se abre completamente una vez cada sexenio. No la dejemos pasar. Merecemos un Michoacán educador.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
