Morelia, Michoacán
La creación de mecanismos estatales para asignar presupuestos directos a comunidades indígenas para que con ello puedan determinar las obras y acciones de sus comunidades fuera de los gobiernos partidistas, es la innovación propuesta en la Ley de los Derechos, el Desarrollo Integral y la Reivindicación de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanos, resaltó el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Arturo Hernández Vázquez.
En entrevista para Primera Pana Radio, el legislador local refirió que con esta herramienta jurídica se pretende reivindicar a los pueblos originarios en cuanto a la asignación de presupuestos directos, con su respectiva rendición de cuentas y cumplimiento de derechos humanos para niños, niñas y jóvenes, toda vez que a la fecha las comunidades tienen que acudir ante tribunales federales para acceder a ese derecho.
“Con esta ley nuestras comunidades indigenas tendrán las condiciones óptimas para crecer en el campo y en manejo de la cultura. Es un proyecto que prevé aplicar beneficios de manera directa en educación, salud, atención al campo, rescate de tradiciones y establecer recursos para calles, hospitales, clínicas y escuelas”, explicó.
Detalló que en el proceso de asignación de presupuestos directos intervendrá el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), instancia que organizará consultas para la designación de las autoridades comunales, junto con reglamentos municipales para acceder al dinero público, con reglas claras de fiscalización.
Uno de los bemoles en la asignación de presupuestos directos hacia las comunidades indigenas en Michoacán radica en la falta de reglas claras de rendición de cuentas y falta de coordinación de los ayuntamientos con las comunidades que ya tienen resoluciones para acceder a recursos, como sucedió en los últimos meses con la comunidad de Santa Fe de la Laguna en Quiroga, cuyos comuneros tuvieron que salir a tomar carreteras para que el gobierno los volteara a ver. A decir de Arturo Hernández, con la propuesta que se encuentra en análisis de las Comisiones de Pueblos Indígenas, Gobernación y Derechos Humanos, se acabará con dicho problema.
