Morelia, Michoacán
Las sanciones penales y administrativas para funcionarios públicos que filtren información, imágenes, videos o audios que revelen el contenido de una carpeta de investigación o proceso penal en cualquier etapa, fueron aumentadas por el Congreso de Michoacán.
Actualmente la legislación señala que quien cometa este delito contra la administración de justicia se le aplicará prisión de tres a 10 años, y una multa de 50 a 200 días, sin embargo, los legisladores michoacanos aprobaron que estas sanciones se aumenten en una tercera parte para la generalidad de los delitos y hasta dos terceras partes al tratarse de un feminicidio.
Poniendo en relieve que esta cuestión es una de las grietas que hay en el sistema de procuración y administración de justicia, y que además resulta en un daño inminente a la dignidad, honra e imagen de la víctima, la Comisión de Justicia puso a consideración del Pleno la modificación del Código Penal del Estado para adicionar el artículo 57 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán.
En este sentido, además de la sanción penal, los funcionarios públicos podrán ser inhabilitados de uno a seis años, dependiendo de la gravedad del tema, como lo establece la reglamentación actual.
“Divulgar la información a terceros podría desvirtuar los elementos probatorios, violar el debido proceso y corromper una vinculación a proceso”, acotó la diputada Araceli Saucedo Reyes.
La perredista, quien presentó en conjunto con el diputado del Verde Ernesto Núñez la iniciativa, dijo que con la modificación se estará dignificando la muerte de muchas mujeres que no bastó con que terminen siendo víctimas de la violencia física, sino que además sus cuerpos sean exhibidos al filtrase la información que constituye la carpeta de investigación.
Las medidas de protección a la cadena de custodia deben evitar la difusión ilegal de imágenes de las víctimas, y si esto falla, se procurará que se apliquen las debidas sanciones a quien resulte responsable de ello, en aras de vigilar y promover directrices para la erradicación de todos los tipos de violencia y fortalecer la dignidad y respeto, fue lo que argumentó el dictamen que fue avalado con 30 votos a favor.
