Cuauhtémoc Castañeda – Morelia, Michoacán
“¿Entonces usted en su calidad de acusado está condicionando la reparación del daño, a que le bajen la condena?, ¿pero usted está consciente de que las víctimas indirectas de este caso son sus propios hijos?”, expresó con sorpresa el juez de control durante la audiencia intermedia que lleva la causa penal 1004/2019, contra un sujeto que habría asesinado a la madre de sus hijos.
Bajo estos términos la defensa del inculpado está negociando con la Fiscalía General del Estado (FGE) la reducción de su condena.
Martín G., acusado del feminicidio de su propia esposa María Guadalupe T., se habría convertido en asesino el 22 de diciembre de 2019, y por ello fue detenido el 30 de diciembre del mismo año, y luego procesado y acusado por la FGE, que en un principio pidió una pena de 48 años de cárcel.
Posteriormente, con los oficios de sus defensores, la posible condena contra Martín G., fue cambiando, al punto en que si en este momento se declara culpable se reduciría su pena a alrededor de 17 años, y con la reparación del daño a las víctimas (sus propios hijos), la defensa buscaría reducirla hasta 8 años.
“¿Sí sabe que es su obligación también proveer económicamente a sus hijos?”, le dijo el juez al acusado de haber estrangulado a su mujer.
Y es que el juzgador dejó en claro que la reparación del daño no es más que dar dinero para sus propios y pequeños hijos, que quedaron desvalidos después del atroz crimen.
El juez además indicó que hasta el momento no ha habido una definición tanto por parte de la defensa, como por parte de la FGE, sobre si seguirán el juicio en modalidad abreviada (con la confesión del crimen y la reducción de condena), o de manera ordinaria.
Nadie sabe dónde están los niños
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y el propio Sistema DIF Estatal, representados en la audiencia, reconocieron no tener la certeza de en qué domicilio están los menores hijos de la mujer asesinada, pues en primera instancia se nombró a una de las hermanas de Ma. Guadalupe como tutora legal, pero por situaciones que se desconocen, ésta delegó la responsabilidad a otras dos de sus hermanas, y se informó que los menores se encuentran separados en casas de sus tías.
Esta situación no le pareció adecuada al juez, que instó a las dependencias involucradas para que en un plazo de cinco días hábiles sean localizadas las pequeñas víctimas y constatar que se encuentran en las mejores condiciones posibles, así como determinar de una vez por todas quién tendrá la tutoría legal de los menores.
Sentenció el juzgador que, de no cumplir esta disposición a cabalidad, tanto el DIF como la CEEAV, presentará un extrañamiento a los titulares de las dependencias respectivas, por las omisiones o incluso negligencia que pudieran configurarse.
“He platicado con la familia de la víctima y nos han informado que determinaron que la tutela de los menores quedará en manos de su abuela materna, madre de María Guadalupe T.”, dijo entonces el representante de la CEEAV.
Ante toda esta situación, el juez optó por suspender la audiencia y aplazarla hasta el próximo 18 de noviembre, ordenando a las partes definir a la brevedad la situación, y en particular al Ministerio Público y a la defensa que definan la modalidad de juicio a seguir, dado que ya había otorgado a los defensores una prórroga de un mes, que ya se cumplió, para que tomara una decisión al respecto.
“Sólo existe una prórroga para la definición de la modalidad por la que optarán para llevar el juicio, y ese periodo de tiempo ya feneció para ustedes”, determinó.
La única razón para otorgar la prórroga de la audiencia, clarificó, fue la situación de custodia legal de los menores.
Por su parte, la defensa se justificó en no cumplir con lo acordado, diciendo que no han terminado de negociar con la FGE la reducción de la condena a cambio del dinero que el presunto feminicida ofrecerá para sus propios hijos.
La oferta a cambio de la vida de su madre
El ofrecimiento de la defensa para los hijos del presunto padre asesino y la madre ahorcada hasta la muerte, consiste en dos opciones:
- Entregarles un inmueble propiedad del inculpado.
- Depositarles un monto económico, producto de la venta del mismo inmueble.
Esto fue ofrecido el pasado 25 de septiembre y, a la fecha, la FGE no se ha pronunciado de manera oficial al respecto.
El juzgador recordó al Ministerio Público que su trabajo es integrar la causa penal y no establecer una instancia de mediación.
“Si no se trata de un incidente de tránsito, o algún hecho de daño en las cosas, se trata del homicidio de una persona, por lo tanto no deben aplazar más esta situación, ya que están incumpliendo con la ley”, regañó.
Los hechos
María Guadalupe salió de su trabajo el 22 de diciembre de 2019, abordó su motocicleta y en un trayecto que no era de más de 2 kilómetros desapareció, cuando iba a recoger a sus dos pequeños hijos de la casa de su esposo, del cual tenía ya un año de separada, situación que aparentemente nunca sucedió, así lo revelan a Primera Plana familiares de la víctima.
Eso fue lo último que se supo de la infortunada mujer, y días después, su cuerpo fue encontrado semienterrado, con indicios de violencia física y estrangulamiento, en la comunidad de La Aldea del municipio de Morelia.
Mientras se realizaban las pesquisas e investigación correspondientes, fue ubicada la motocicleta en la que se transportaba la joven mujer cuando desapareció, en manos de un sujeto que confesó que por instrucciones de familiares de ‘Martín G.’, acusado y esposo de la víctima asesinada, tenía la encomienda de desaparecer el vehículo automotor.
Con esa información recabada y otros indicios, la FGE capturó a Martín G. el 30 de diciembre de 2019, y a casi 9 meses de su detención, ni siquiera ha podido iniciarse el juicio en su contra.
