Melissa García – Morelia, Michoacán
Servidores públicos de centros penitenciarios podrán purgar penas de 2 a 5 años de prisión de facilitar el acceso o manejo de tecnologías o sustancias y objetos al interior de las cárceles, ya que la introducción de objetos y sustancias prohibidas a los centros penitenciarios trae consigo el incremento de la inseguridad tanto al interior, como al exterior, convirtiéndose en “escuelas del crimen”.
De reformarse el Código Penal del Estado, como lo propuso este día el diputado Humberto González Villagómez durante la sesión ordinaria virtual, las conductas indebidas del personal de los Centros Penitenciarios serán sancionadas de dos a cinco años de prisión y de 100 a 400 días multa, así como la destitución definitiva del empleo, cargo o comisión públicos, aunado a la inhabilitación para desempeñar cualquier otro servicio con una temporalidad de hasta cinco años.
El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura en el Congreso del local, planteó que todo aquel custodio o servidor público que propicie daño a las personas, lugares, instalaciones u objetos, que se encuentren bajo su cuidado sean sancionados, así como si permiten, toleran o facilitan la introducción, uso y consumo de drogas o enervantes, armas, celulares o apoyen en el ingreso de personas con fines de comercio sexual, dinero y equipos de radio comunicación.

Con esta iniciativa, dijo que se busca fortalecer la legislación y aportar para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, así como la procuración para evitar la reincidencia delictiva, por lo que es necesario estructurar la normativa, para que los custodios o servidores públicos que realicen cualquier tipo de comisión o cargo al interior de dichos centros, sea verificado, y se le sancione cuando en colaboración, o bajo una tolerancia ilícita permita el acceso o manejo de tecnologías o sustancias y objetos que permitan que las personas ya detenidas sigan cometiendo acciones que pongan en riesgo a la seguridad de las personas tanto del interior como del exterior de los centros de detención.
González Villagómez propuso que se adecuen los supuestos punitivos relativos al ejercicio ilícito de los servidores públicos, para lo cual se reforma y adicionan las fracciones correspondientes para sancionar a aquellas personas que tengan un empleo, cargo o comisión en los centros penitenciarios comentan una acción indebida, y ayuden a los internos a que tengan las herramientas para seguir delinquiendo desde su interior.
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