Melissa García – Morelia, Michoacán
La delincuencia nunca descansa, y su actividad se ha recrudecido de manera alarmante, a la vez de que ha incrementado la situación de violencia familiar y del hogar, evaluó el diputado local Humberto González Villagómez, que afirmó que se requiere de una estrategia conjunta para enfrentar el problema, no de publicar “decretos aislados” que desconciertan la percepción sobre la corruptibilidad de las dependencias en materia de seguridad.
El legislador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), durante la Sesión Extraordinaria virtual de hoy del Congreso del Estado, emitió su posicionamiento frente al Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria publicado por el presidente López Obrador el pasado 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Este decreto establece que el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas de manera permanente en tareas de seguridad pública, lo cual fue considerado por Humberto González como un mero formalismo, ya que la reforma integral en materia de seguridad se dio con la creación de la Guardia Nacional, mediante una reforma constitucional que el Congreso de Michoacán, dijo, “tuvo a bien ratificar”.
Esta potestad de sacar a las fuerzas militares a las calles, explicó el diputado, se le otorga al jefe del Ejecutivo federal durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, supuestamente mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
“Aunque la razón de fondo establecida por el documento señala que se toma la decisión a causa de que la Guardia Nacional requiere de un periodo de implementación, la realidad es que la inseguridad ha alcanzado al Gobierno Federal y a las instituciones diseñadas para atenderla”, aseveró.
El difuminado panorama de una estrategia que se asemeje a un Plan Nacional de Seguridad Pública y la poca intervención de las entidades federativas, derivada de una centralización de las funciones de seguridad pública, estimó González Villagómez, se han constituido en factores que alimentan la incapacidad para enfrentar el problema nacional, lo que se puede comprobar con los datos que arrojan las dependencias de seguridad de todo el país.
“Tenemos una deuda pendiente en materia de seguridad pública, una deuda que no requiere identificar al culpable, sino de entender que al ser de incidencia nacional requiere de todos y de cada una de las autoridades, tanto federales como locales, en la atención del problema, para buscar las estrategias reales y medir su efectividad, y no de publicar decretos aislados que al llegar a la opinión pública desconciertan la percepción sobre la corruptibilidad de nuestras dependencias en materia de seguridad”, argumentó.
