Diputado propone vivienda al alcance de jefas de familia

Morelia, Michoacán – Melissa García

En Michoacán, una de las necesidades básicas que aqueja a las familias es precisamente la carencia de una vivienda digna, especialmente cuando dichas familias solo cuentan con un sostén económico que en la mayoría de los casos se trata de mujeres a las que denominamos jefas de familia, expresó el diputado perredista Norberto Antonio Martínez Soto.

El legislador por Ciudad Hidalgo propuso ante el Pleno del Congreso de manera virtual, la modificación a la Ley Orgánica del Instituto de Vivienda del Estado, con el propósito de que dicho organismo tenga la facultad de no solo celebrar contratos de venta y arrendamiento sino también de donación de inmuebles, ajustándose a los ordenamientos legales aplicables con jefas y jefes de familia que no sean propietarios de ningún bien inmueble.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la necesidad de reemplazo de vivienda está concentrada en la población no afiliada a la seguridad social, que representa el 73% de la necesidad nacional y solamente recibe el 30% del financiamiento total destinado a vivienda de acuerdo a lo establecido en este documento en 2010, resaltó durante su exposición.

La carencia de servicios básicos en la vivienda afectó a 9.4% de la población en localidades urbanas, mientras que en zonas rurales se presenta en un 50.4%. En el mismo sentido, existen grupos de la población particularmente desatendidos como es el caso de las jefas de familia, alertó.

Por ello, el Instituto regulará la operación y otorgamiento de créditos, donaciones y financiamientos destinados a la construcción, adquisición o mejoramiento de vivienda de interés social y popular, y en todo caso, se sujetará a las siguientes bases:

I. Solo podrán ser concedidos a personas en lo individual

II. Se dará preferencia a los beneficios que otorga la presente Ley, a las personas de más bajos ingresos que tengan a su cargo una familia; vivan en hacinamiento; o no cuenten con una vivienda digna y propia, priorizando a las jefas de familia, con los mecanismos y apoyos que garanticen su exigibilidad.