Melissa García – Morelia, Michoacán
Ante la alarma que se generó en todos los niveles de gobierno al comienzo de la pandemia de COVID-19, quedó en evidencia que las leyes en materia de salud no disponen los caminos y las maneras en las que las distintas autoridades responsables deben intervenir en el caso de una contingencia de este tipo.
Así lo alertó el diputado local del Partido de la Revolución Democrática Norberto Antonio Martínez, quien manifestó que si bien la Constitución deja en claro que son los Ejecutivos federal y estatales los facultados para tomar las medidas necesarias ante una crisis de salud, en los casi tres meses que lleva la contingencia nacional han surgido una serie de controversias, tanto en el público como dentro del propio Estado mexicano, sobre los límites que cada nivel de gobierno, federal, estatal o municipal, a la hora de implementar las medidas de prevención, que en algunos casos son limitativas de derechos.
En ese sentido, y tomando en cuenta que diversos gobiernos municipales de Michoacán, en especial los emanados de Morena, decidieron rebelarse, no coadyuvar o incluso contradecir los mandatos del Gobierno del Estado para salvar vidas y minimizar los contagios, Tony Martínez consideró indispensable modificar la legislación estatal en la materia, para evitar que este tipo de intereses políticos terminen siendo pagados por la población, que termina entre dos fuegos.
“Urge actualizar la Ley de Salud de Michoacán, porque esto significa salvar vidas.
“Nos enfrentamos a una crisis de salud, económica y social sin precedentes, que pone en peligro la coexistencia de la totalidad del catálogo de derechos humanos reconocidos. Esta contingencia es una prueba contrarreloj, pues en caso de que el actuar del poder público se retarde, significaría la muerte de la población, de ahí la importancia de la presente iniciativa”.
Por esta razón el diputado anunció que en los próximos días estará presentando una iniciativa ante el Legislativo para convertir a la pandemia en una figura jurídica presenta en la legislación sanitaria estatal.
“Es evidente que las autoridades de todos los niveles, en la mayoría de los casos, decretaron sus medidas de manera emergente frente a una sociedad y un sistema jurídico no preparado para esta causa superviniente e impredecible”, dijo.
Además, dejó en claro que la situación actual fue agravada por los mensajes confusos y contradictorios del Ejecutivo Federal, aunque finalmente terminó reconociendo las facultades de los estados para decidir lo mejor para sus poblaciones, en una crisis sanitaria que se da de manera desigual en distintos territorios.
Finalmente, estableció los puntos que la iniciativa de reforma a la Ley de Salud del estado que presentará estarán contenidos:
- Definición de la figura jurídica de pandemia
- Medidas obligatorias para los ayuntamientos; los albergues; las cárceles; los centros de reunión; los centros culturales; los patronatos de salud rurales; y las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas.
- Obligación y modalidad de establecimiento de protocolo de tratamiento de cuerpos de fallecidos por enfermedades transmisibles.
- Forma de establecimiento de protocolos de prevención, atención y contención epidémicas para los centros educativos.
- Establecimiento de sanciones para autoridades sanitarias que incumplan con sus obligaciones.
- Fijación de responsabilidad a la Secretaría de Salud de Michoacán para establecer un sistema de fases frente a la eventual pandemia que será de observancia obligatoria para todas las autoridades y ciudadanos en el territorio estatal.
