Melissa García – Morelia, Michoacán
Actualmente existe en Michoacán una legislación electoral que discrimina entre distintos “tipos” de mexicanos, pues en violación de sus derechos políticos fundamentales no permite acceder a cargos públicos de elección a todos aquellos que no hayan nacido en el territorio nacional.
Ángel Custodio Virrueta, legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, consideró que en estos momentos desde la Constitución Política del Estado de Michoacán se está discriminando a los ciudadanos, pues el poder votar y ser votado es una garantía fundamental que la Constitución Mexicana garantiza para todos los mexicanos, y no solamente para los que nacieron dentro del territorio nacional.
El doctor en Derecho Constitucional Juan Francisco Figueroa explicó al respecto que este problema es una antigua discusión del derecho, que parte de dos principios que pueden contradecirse:
- Primero, el ius soli, en latín “derecho de suelo”, bajo el cual se otorga la nacionalidad, la ciudadanía y todos sus derechos y obligaciones derivados a todas las personas que nacen dentro del territorio de dominio de un estado.
- Segundo, el ius sanguinis, en latín “derecho de la sangre”, que conlleva a que la nacionalidad y todas sus consecuencias se le otorguen a la persona que hereda la nacionalidad de sus padres, independientemente de que nazca en el territorio nacional o en el extranjero.
No obstante, advierte el especialista, existe un tercer grupo de personas que obtienen la nacionalidad por naturalización, que es por los lazos que construye a lo largo de los años al desarrollar su vida en México, a pesar de no tener sangre mexicana ni haber nacido aquí. En este caso también figuran los que se casan con un(a) mexicano(a) y/o tienen hijos aquí y su voluntad es volverse connacionales, para lo cual la voluntad soberana del Estado mexicano pone una serie de condiciones para lograrlo, pero de cumplirlas, aclara Figueroa, la nacionalidad mexicana obtenida debe ser de la misma calidad y categoría que la de cualquiera que la obtuvo por ius soli o ius sanguinis, si se quiere cumplir con los preceptos esenciales de la Constitución Mexicana y los tratados internacionales.
“Si bien en todo el mundo esta es una gran fuente de controversia hasta nuestros días, la doctrina de los Derechos Humanos ha impulsado a que progresivamente todas las naciones vayan adecuando sus legislaciones para asegurar los mismos derechos a todos sus ciudadanos”, clarificó.
En este sentido, el diputado Ángel Custodio anunció que presentará en próximos días ante el Legislativo michoacano una iniciativa para que la Constitución Michoacana y las leyes estatales en la materia sean homologadas a la legislación Federal, puesto que no solamente ya reconocen todos los derechos civiles y políticos a todos los ciudadanos, sino que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentenció disponiendo que todos los estados deben de adecuar su normatividad en este sentido.
“Esta propuesta tiene como finalidad invalidar el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a cargos públicos, y con ello hacer cumplir los derechos fundamentales de igualdad, de no discriminación y de paridad de género”, estableció.
El legislador explicó que la violación de estos derechos se da en Michoacán para poder desempeñarse en los siguientes cargos públicos:
- Diputado estatal
- Secretario de Gobierno
- Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
- Presidente municipal
- Síndico
- Regidor
- Director del DIF
- Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica
- Miembro del Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública
- Rector de la UMSNH
- Consejero universitario docente de la UMSNH
- Consejero universitario alumno de la UMSNH
- Policía estatal o municipal
Además, también se exige para una serie de cargos más en los tres Poderes del estado y en varios órganos constitucionales autónomos, entre los cuales no se encuentra el cargo de gobernador de Michoacán, razón por la que el perredista considera una omisión tanto de la Legislatura de la que forma parte, como de sus predecesoras, el no haber dedicado el tiempo para adecuar las leyes michoacanas al respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
“La nacionalidad es considerada como uno de los derechos humanos esenciales de las personas, toda vez que implica el acceso a un conjunto importante de las garantías que el Estado debe salvaguardar”, sentenció.
