Morelia, Michoacán.- Las plataformas digitales de transporte como Uber o PickmeApp no requieren de permiso del Estado para poder operar, ya que se trata de un trato entre particulares, consideró Jorge Álvarez Banderas, abogado y catedrático nicolaita.
“Es una plataforma en donde tu bajas la aplicación en tu teléfono, en donde tú decides el día y la hora que tú quieres que alguien venga por ti, te lleve a otro lugar y te cobre; ese es un acuerdo entre particulares”, refirió el académico universitario.
Refirió que en Michoacán no existe ninguna regulación para los choferes y vehículos que utilizan plataformas digitales de transporte, a diferencia de otras entidades federativas donde no se les permite operar.
“El particular que usa esa plataforma, en cuanto a usuario, contrata a un particular, el otro presta un servicio a otro particular. Ese es un aspecto que es importante definir, que desde mi perspectiva es un acto entre particulares”, agregó Álvarez Banderas.
Consideró que gran parte del éxito en Morelia de Uber o PickmeApp se debe a que la gran mayoría de las unidades del transporte público en el estado se encuentra en “deplorables condiciones”, ya que son muy pocas las unidades concesionadas que se encuentran en buen estado o son de reciente modelo.
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“Hay un descontrol en tarifas, hay una inseguridad plena, no tienen cinturones de seguridad, no tienen bolsas de aire, no tienes garantía de que te den un comprobante fiscal… No tienes garantía de pagar con una tarjeta de crédito y prácticamente en contraposición tienes a quien usa este tipo de aplicaciones, todo lo contrario; un auto en buenas condiciones, una persona que puede resultar amable, el servicio es el adecuado, óptimo y el precio es algo equilibrado”, añadió el académico nicolaita.
Refirió que Uber ayuda al Estado en la recaudación de impuestos, ya que como empresa debe declarar sus impuestos, mientras que el socio o chofer, también deben emitir un comprobante fiscal entrando al círculo tributario de México, a diferencia de un taxista.
Otro aspecto que afecta a los taxis de la capital es que las concesiones fueron otorgadas como favores políticos sin control alguno, ocasionando la saturación del servicio y unidades en la capital, por lo que descartó que las nuevas aplicaciones de transporte sean el motivo por el cual la clientela a los taxistas haya disminuido.
“Los concesionarios originales no operan la unidad, sino que rentan la concesión a un particular, ese particular entonces la echa a andar, eso se tiene que regularizar y eso tiene un costo político muy fuerte porque es la manera en la cual, otra vez volvemos al Estado, se puede controlar a ciertos sectores de la población”, refirió.
Ampararse ante Cocotra, un “viacrucis creado”, pero no imposible
Jorge Álvarez Banderas explicó que las detenciones de automóviles y choferes dados de alta en Uber y PickmeApp son ilegales e incurren en actos inconstitucionales.
“Le secuestran momentáneamente los particulares, mientras llega la autoridad, le quitan el teléfono celular, le impiden comunicarse con cualquier otra persona e incluso puede llegar a existir lesiones o daño a las cosas”, apuntó Álvarez Banderas.
Refirió que, aunque el particular tiene a salvo sus derechos para poder denunciar a los agresores, no hay forma de identificarlos ante el impedimento de dejar constancia de sus identidades por los motivos antes expuestos.
Por lo anterior, el abogado recomienda a los implicados en este tipo de situaciones acudir con un asesor legal para iniciar un juicio de amparo que le permita la suspensión provisional de la pena interpuesta por la Comisión Reguladora del Transporte (Cocotra) para el efecto de que el Juez de Distrito ordene la devolución del automóvil sin pago de multa.
Álvarez Banderas explicó que el proceso es un “viacrucis creado”, ya que el afectado necesitará ocupar todo un día en la realización del trámite. Posteriormente a la devolución del vehículo se espera la sentencia, que tardará un aproximado de seis meses en llegar.
“Seguramente la sentencia será a favor del particular por muchas razones; porque no se prueba por la autoridad administrativa (Cocotra) que el particular presta un servicio, se puede también resolver la ilegalidad de la infracción por el hecho de quien detuvo a las personas fue un particular y no una autoridad, nadie en México puede ser molestado o puede ser despojado de una licencia, placa, tarjeta de circulación o unidad”, ya que la autoridad puede infraccionar, siempre y cuando pruebe la comisión de un delito, refiere el abogado.
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Para que un chofer acceda a un juicio de amparo únicamente deberá portar su identificación, tarjeta de circulación, la infracción, la factura del vehículo y no haber pagado aún la infracción, ya que de haberla pagado se deberá recurrir a un juicio contencioso administrativo local, donde se recuperará lo pagado y daños y perjuicios como arrastre, días de corralón y la grúa.
