Morelia, Michoacán.- Luego de largos meses de estar estancado en la congeladora legislativa y tras los incidentes ocurridos ayer por los que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió tres investigaciones por uso excesivo de la fuerza, este miércoles se desempolvó el decreto surgido de dos iniciativas para regular las marchas y manifestaciones sociales.
Será antes de que finalice este mes cuando los integrantes de las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Puntos Constitucionales se pronuncien sobre llevar el decreto al Pleno o desecharlo.
Cuestionado sobre los abusos que se cometieron en el contexto de las manifestaciones de este lunes, el presidente de la Comisión de Gobernación, Mario Armando Mendoza, puntualizó que el decreto incluye una propuesta para que las manifestaciones vayan acompañadas de observadores de derechos humanos para dar cuenta de la atención a los protocolos, la legalidad de las eventuales detenciones y de la proporcionalidad del uso de la fuerza. Se propone también la obligatoriedad de que un funcionario involucrado acompañe la manifestación y atienda de primera mano las inconformidades.
Los coordinadores parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista (PVEM) reiteraron su disposición a empujar el decreto surgido de iniciativas emanadas de sus bancadas.
En contraparte la coordinadora del Partido del Trabajo (PT), Marycarmen Bernal Martínez, adelantó el rechazo de su bancada a cualquier iniciativa que busque restringir el derecho a la manifestación y pidió concentrarse en las causas de las movilizaciones, pues aseguró que en una administración efectiva no debe haber descontento social.
Los legisladores del Movimiento Ciudadano y de Morena también consideraron que se deben atacar las causas de las movilizaciones.
La postura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) está pendiente. A juicio del diputado Antonio García Conejo, quien recordó que su partido siempre ha estado a favor de la libertad de expresión y manifestación, resulta preocupante que se vulneren los derechos de terceros, razón por la que su bancada analizará con lupa el decreto para dar una definición.
