Morelia, Michoacán.- El Partido Acción Nacional (PAN) se suma a la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, sin embargo, se debe modificar el esquema de fiscalización para permitir que particulares aporten dinero a las organizaciones partidistas y, a la vez, se conserven los recursos públicos para la operación del Instituto Nacional Electoral (INE), con la finalidad de no poner en riesgo el próximo proceso electoral, consideró Manuel Hinojosa Pérez, dirigente estatal del albiazul.
En entrevista, el panista michoacano aseguró que el PAN “desde hace muchos años” propuso vía Senado de la República reducir el financiamiento público a los órganos partidistas. Añadió que le extrañaba que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que siempre se había negado a dejar de otorgarle recursos públicos a partidos, ventile en los medios la erradicación del financiamiento público.
“La reducción de dinero a partidos no es de la semana pasada; el PAN lo trae en agenda desde hace años. Partidos como el PRI habían estado atorando ese tema en las cámaras, pero ahora con la presión social, ojalá se pueda concretar”, comentó.
Justificó que el recurso que llegue al INE para operaciones electorales debe continuar, ya que se tiene distritos electorales y municipales que requieren de recursos públicos, no así el caso de los partidos políticos, cuyo financiamiento podría ser privado.
“Estamos de acuerdo en que el financiamiento en un 100 por ciento se vaya a otra bolsa, ya sea al Fonden (Fondo Nacional de Desastres Naturales) o a la Secretaría de Hacienda para que luego llegue a Sedesol, u otra parte, para apoyar a damnificados”, expuso.
La cabeza del PAN en Michoacán explicó que a la par se requeriría modificar el reglamento de fiscalización a partidos políticos para abrir la posibilidad de que particulares entren (legalmente) a financiar a partidos en época de campañas políticas.
En cuanto a la forma de aportaciones de privados a partidos, dijo que se podrá efectuar a través de cartas de donación o transferencias electrónicas, cuyas cuentas serán fiscalizables al 100 por ciento, con la finalidad de evitar que se filtren recursos de la delincuencia organizada, así como de los gobiernos federal, estatales o municipales.
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