Morelia, Michoacán.- La Asociación Internacional de Criminología y Comunidad Segura A.C., de Colombia, y Comunidad Segura A.C., de Morelia, signaron un convenio de cooperación para intercambiar experiencias y capitalizar esfuerzos, metodologías y alcances en la prevención del delito, cuyas tareas en México “están en pañales”.
Durante el acto protocolario, la presidenta de Comunidad Segura A.C., Lorena Cortés Villaseñor, informó que se conjugarán esfuerzos para implementar metodologías y modelos usados en Colombia que ayuden a reducir los índices delictivos en la sociedad michoacana.
“El tema de seguridad ciudadana en México está en pañales. Apenas del año 2000 a la fecha hemos comenzado a tener tareas de prevención del delito. Lo que buscaremos será colaborar entre ambas organizaciones que se encargan de proyectar metodologías de participación ciudadana”, explicó.
Resaltó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en aquellos municipios donde se cometen entre tres y seis homicidios por cada 100 mil habitantes en un año deben declararse estado de alerta; en aquellos donde la tasa es de seis a nueve, se trata de estado grave, y más de nueve homicidios por cada 100 mil habitantes es una ‘epidemia’.
Según datos de Lorena Villaseñor, en México hay una tasa de homicidios de 22 asesinatos por cada 100 mil habitantes en un año.
“Ese indicador refleja que los niveles de violencia por los cielos, casi a los niveles que tenía Colombia en los años ochenta; por eso la importancia de la colaboración”, acotó.
Liliana Ortiz Treviño, presidente de la Asociación Internacional de Criminología y Comunidad Segura A.C., indicó que para reducir los niveles de violencia que se viven en un país, el tratamiento del problema debe de ser “diferente”.
“Hemos tratado el fenómeno desde un aspecto penal y jurídico; se debe estudiar desde otra óptica: se requiere entenderlo y sensibilizarse, porque no es un tema aislado que solo competa a las instituciones”, dilucidó.
En ese sentido, la colombiana explicó que la estrategia usada en su país requirió de implementar un derecho “policial”, que consistió en garantizar a los ciudadanos tranquilidad y marcar directrices para fortalecer la seguridad ciudadana, en cuya estrategia participaron integrantes de la academia, instituciones públicas y asociaciones civiles.
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