Coahuayana, Michoacán
Héctor Zepeda, “El Teto”, impone su ley con miedo: somete decisiones, frena inversiones y doblega al poder municipal.
El nombre se repite en voz baja, pero con claridad: Héctor Zepeda. No aparece en la boleta, no rinde cuentas en Cabildo, pero —según versiones coincidentes— es quien marca los límites de lo que puede hacerse en este municipio de la costa. Su método no es institucional. Es el temor.
Bajo esa lógica, el gobierno encabezado por Andrés Rafael Aguilar Mendoza ha quedado condicionado. El edil no ha presentado ante Cabildo uno de los proyectos más relevantes para la economía local: la instalación de Bodega Aurrera. No por falta de respaldo, más de dos mil firmas ciudadanas lo avalan, ni por obstáculos administrativos. Sino por presión.
La acusación es directa: el alcalde gobierna bajo amenaza, señalan las fuentes que hablan en el anonimato por seguridad.
“El Teto” no solo encabeza una policía comunitaria; ha extendido su control a la seguridad pública, la economía y la vida política del municipio.
La Dirección Municipal de Seguridad permanece sin cambios, pese a la intención del gobierno de relevar mandos. En los hechos, la estructura institucional convive con una fuerza paralela que no responde al Ayuntamiento.
Ese control también tiene rostro económico. Se le vincula con actividades como la compra-venta de vehículos, la explotación de madera de la especie de parota y la operación de negocios a través de terceros. La llegada de una cadena comercial nacional representa una ruptura a ese esquema. Y la respuesta ha sido impedirla.
No mediante trámites. Mediante miedo.
El patrón se repite:
— Un proyecto con respaldo ciudadano que no avanza.
— Un Cabildo que no entra al debate.
La presión también alcanza a la población. Activistas que impulsaron la recolección de firmas han sido intimidados. No hay denuncias formales que prosperen, pero sí un efecto claro: la participación se detiene. El mensaje es contundente: hay temas que no deben tocarse.
El antecedente del coche bomba en diciembre de 2025, dirigido contra la propia estructura comunitaria, dejó un saldo de cinco muertos y heridos, pero también una señal: la disputa por el control en Coahuayana no es menor.
La crítica es inevitable: cuando un actor concentra la capacidad de frenar inversiones, influir en la seguridad, presionar a autoridades y silenciar a ciudadanos.
En Coahuayana, hoy, el poder no se elige. Se impone.
