El conflicto en la Universidad Michoacana, está claro, rebasó ya a la comunidad universitaria y a sus autoridades. Se salió de control. Y quienes tengan las manos metidas y espoleen la confrontación, sean líderes sindicales, exrectores, exgobernadores, dirigentes partidistas o agitadores de grupos radicales de izquierda o de derecha deben ser denunciados públicamente y castigados al tamaño del daño que le han causado a la que debería de ser honrada como la máxima casa de estudios del estado.
En tal sentido, es ya necesaria la intervención directa del gobierno de Michoacán en el caso de la toma de las instalaciones universitarias, que hoy cumple 43 días; el enfrentamiento de ayer en la Facultad de Medicina entre grupos de estudiantes y paristas es un nuevo aviso de que en el supuesto movimiento de jóvenes rechazados hay mano negra y puede escalar a escenarios de violencia que pudieran ensangrentar el campus.
Pero además, en política real, el gobernador Silvano Aureoles y su secretario general de Gobierno, Adrián López Solis, deben de tener claro que no es el actual un genuino movimiento social por mayores espacios en el sistema público de educación superior; a lo largo de estos 43 días, son muchos los elementos y varias las voces que alertan y demuestran lo contrario.
El titular del Ejecutivo estatal y su gabinete deben de tener claro que las manos que mecen la cuna en la UMSNH tienen la clara intención no sólo de mantener vivas sus cuotas de control sobre la institución educativa y las casas de estudiantes -para lo que sirvan-, sino de ejercer presión sobre el propio Gobierno del Estado, ya sea para la búsqueda de posiciones y prebendas, o bien con intenciones de desestabilización y clientelismo político-electoral.
En esta perspectiva, sobra decir que el actual movimiento que tiene paralizada a la universidad -con el camuflaje de los rechazados-, tiene todos los visos de una guerra declarada por la supremacía sobre los grupos de control interno en la casa de estudios, con fines más allá de la comunidad académica y estudiantil, y más acá de los intereses políticos, partidistas y electorales de sus protagonistas.
!Pero ojo! A ninguno le conviene la violencia. Pero menos al Gobierno del Estado, que a final de cuentas cargará con todo el costo. ¿Lo tienen medido? !Unos si, otros quién sabe!
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