Morelia, Michoacán
Diputados del Partido del Trabajo (PT) lamentaron que el Congreso del Estado permanezca en omisión desde el año 2019 y no haya creado una ley estatal de comunicación social, aunque ellos no han presentado tampoco ninguna iniciativa en ese sentido.
Durante la sesión extraordinaria de este lunes, se aprobó una modificación a la Ley de Administración Pública que dota de mayores atribuciones a la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), para que pueda hacer sus propios nombramientos y cuente con su propia Unidad Programática Prespuestal (la cual ya se le asignó desde la aprobación del presupuesto en diciembre pasado, así como un incremento).
Aunque el diputado Hugo Rangel votó a favor, expuso varios motivos por los que considera que se deja abierta la puerta a una “aplicación arbitraria y tendenciosa de los recursos públicos”, pues no existe una reglamentación de las políticas de comunicación social del gobierno estatal.
“Los medios de comunicación necesitan recursos para operar, pero la falta de reglas específicas alienta la discrecionalidad, lo que deviene en un ejercicio disuasivo en la libertad de expresión”, alertó.
Hugo Rangel señaló que a pesar de que confía en la honestidad del Gobierno del Estado, existe un peligro y no es una cantidad menor, pues se aprobó un ejercicio de 122 millones de pesos a la CGCS, además de 400 millones para la propaganda de las dependencias.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PT, Reyes Galindo, hizo uso de la voz para anunciar que su compañero tenía el respaldo de toda la bancada en sus señalamientos y hacer un llamado para que la repartición de convenios a los medios por parte del Congreso del Estado sea por medio de un ejercicio transparente y justo.
Dijo confiar en el Comité de Comunicación Social, pues uno de sus integrantes es su compañero de fracción Baltazar Gaona.
MC en contra
Al final, los únicos dos diputados que votaron en contra de esta reforma fueron los de Movimiento Ciudadano (MC). Grecia Aguilar explicó que detectaron una posibilidad de incertidumbre jurídica, pues se sustituye la especificidad de áreas como la Consejería Jurídica y la Secretaría Particular, entre otras y todo se concentra en la CGCS, sin que se haya calculado cuál será el impacto presupuestal de esto.
“Como bancada, nuestro voto será en contra porque consideramos que se debería especificar y clarificar las áreas en las cuales el Poder Ejecutivo tiene injerencia, no debería quedar discrecional”, expresó.
