Ciudad de México
El empresario Carlos Ahumada Kurtz, protagonista de los llamados “Videoescándalos” durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el entonces Distrito Federal, fue detenido este 7 de junio por agentes de migración panameños.
La información fue ofrecida por el periodista de ese país Danilo Iglesias en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, dada a conocer ese jueves 7 de junio.
Los primeros reportes refieren que la captura de Ahumada, de 60 años de edad, responde a una ficha de localización emitida por la Policía Internacional (Interpol), a petición del gobierno de México, por lo que las autoridades mexicanas disponen de 24 horas para para presentar pruebas por las acusaciones en su contra.
Gómez Leyva aclaró que, en caso de que México no emita ninguna solicitud de extradición o no proceda jurídicamente, el empresario será puesto en libertad inmediatamente.
Carlos Ahumada ¿de qué se le acusa?
Carlos Ahumada, un empresario y dirigente deportivo argentino, que tiene la nacionalidad mexicana, es conocido en México por un videoescándalo grabado en 2003, en el cual se le ve entregar dinero a políticos como René Bejarano para financiar campañas del PRD en algunas delegaciones de la Ciudad de México.
Un par de años después, publicó un libro en el que argumentó que los videos fueron planeados para afectar la popularidad del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario federal.
Carlos Ahumada evitó en 2020 su extradición a México luego de que un juez de Argentina rechazara la petición al argumentar que la imputación por una posible defraudación fiscal carecía de motivación.
Posteriormente, en diciembre del 2021, el empresario advirtió que ni el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ni el de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México lograrán extraditarlo desde Argentina “por ningún motivo”.
Aseguró que la causa penal por la que se busca su extradición está “totalmente prescrita” y señaló que ni con “informes falsos” lograrán demostrar su probable responsabilidad en el delito de fraude.
