Morelia, Michoacán
Más endeudamiento y engrosamiento de la nómina destacan en las administraciones de Alfonso Martínez Alcázar, según Raúl Morón Orozco, quien fue presidente municipal entre una y otra.
El candidato a senador presentó en rueda de prensa un comparativo de su adminsitración municipal con la de Alfonso Martínez según él, para contrastar la guerra sucia en su contra orquestada por el presidente municipal que busca reelegirse.
“Están diciendo mentiras y llamo a quien lo está haciendo, el candidato del PAN, a que no diga mentiras y convenza a la ciudadanía con sus propuestas”, externó Morón.
Entre los datos que mostró, está que su administración dejó la deuda a corto plazo en 156 millones, pero ésta ya aumentó a 619 millones y que los ingresos del Ayuntamiento crecieron más de mil 200 millones, si se compara 2023 con 2021.
También se incrementaron, señaló, los gastos de arrendamiento y de contratación de asesorías. Pues el gobierno de Morón gastó 70 millones -de los cuales, acotó, 20 los “obligaron” a pagar mediante un litigio, pero no querían hacerlo porque no había entregables-, mientras que el de Alfonso Martínez canalizó el recurso de 219 millones de pesos.
“El contraste tiene que hacerse, porque los gobiernos de la Cuarta Transformación tienen principios, tienen valores, y los de la derecha tienen también sus características y esta es una característica importante”, reflexionó el morenista.
Agregó que en la nómina había cuatro mil 600 trabajadores cuando él dejó el Ayuntamiento, pero ahora se incrementaron alredor de mil, y el gasto en salarios creció 429 millones de pesos.
Tamién señaló que la policía municipal que estaba a su cargo constaba de 850 elementos y de ellos el 95 por ciento estaba certificado, mientras que en la administración anterior de Alfonso Martínez (2015-2018), sólo el 30 por ciento contaba con acreditación.
Aseguró que interpuso denuncias de todas las irregularidades que encontró, pero que no prosperaron porque los encargados de judicializar los casos eran “del equipo político” de Alfonso Martínez. Esto es, el fiscal general del estado, Adrián López Solís; el entonces auditor superior, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda; el fiscal anticorrupción y la titular de la Contraloría.
“No procedieron porque son parte de lo mismo, un equipo que funciona acorde a ellos, el equipo político de ellos”, aseveró.
