Según un acuerdo al que tuvo acceso Latinus, Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ordenó abrir una investigación en contra del exministro Arturo Zaldívar, su predecesor y hoy miembro de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Según el documento con fecha 9 de abril, se ordenó abrir la investigación número J/108/2024 luego de una denuncia anónima presentada en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, área a la que se le otorgaron las más amplias facultades para llevar a cabo las pesquisas.

La investigación contra Zaldívar se abrió por presuntamente haber vulnerado la autonomía e independencia de titulares de juzgados del Poder Judicial para “satisfacer intereses personales y de terceros”.

La investigación incluye a varios colaboradores del exministro y a jueces federales, a quienes se les atribuye haber aceptado voluntariamente la presión ejercida por Zaldívar.

Entre los nombres de personas implicas se incluye a Netzaí Sandoval, hoy coordinador de ponencias de la ministra Lenia Batres, al exministro, Carlos Alpízar Salazar, antiguo secretario de Zaldívar; Jaime Santana, entonces titular de la unidad de investigación; y Arely Gómez, quien fuera contralora del poder judicial.

A estos dos últimos se les acusa de amenazar a jueces y magistrados con responsabilidades administrativas a partir de quejas inexistentes.

Entre los jueces federales incluidos en las pesquisas están Jesús Delgadillo Padierna, quien llevó casos como el de Rosario Robles; Iván Zeferín Hernández, juez que ordenó la captura del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca; y Artemio Zúñiga Mendoza, quien llevó los casos de Emilio Lozoya y Alonso Ancira.

De acreditarse los hechos por lo que se les acusa, esos servidores públicos serían responsables de atentar contra la independencia judicial, falta de imparcialidad y profesionalismo, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la ley orgánica del poder judicial, la unidad de investigación deberá remitir copia de la denuncia contra Arturo Zaldívar al pleno de la Suprema Corte para resolver sobre posibles faltas administrativas del exministro.


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