Morelia, Michoacán
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Adrián López Solís destacó la importancia de mantener la prisión preventiva como una medida cautelar efectiva para prevenir la reincidencia delictiva.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considera inaplicar la prisión preventiva oficiosa debido a que vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la integridad personal. Esta medida se propone en respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que condenó a México por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos al mantener el arraigo y la prisión preventiva oficiosa en el caso García Rodríguez y otro vs. México.
En entrevista, el fiscal michoacano compartió la postura de las fiscalías de todo el país sobre la necesidad de mantener este mecanismo como una herramienta fundamental en la administración de justicia.
“Nosotros, en el caso de la FGE, compartimos criterio como todas las fiscalías del país de la necesidad de mantener mecanismos de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada con el fin de evitar que quienes infringen la norma penal reincidan en la comisión de delitos”, afirmó López Solís.
El titular de la FGE explicó que la experiencia en el campo judicial ha demostrado que la detención de personas relacionadas con actividades delictivas, como la portación de armas de fuego, es crucial para evitar que vuelvan a cometer delitos. Señaló que, en numerosas ocasiones, individuos que han sido liberados bajo ciertas circunstancias, vuelven a delinquir, poniendo en riesgo la seguridad de la sociedad.
“La experiencia nos dice que al detener a alguien que porta arma de fuego y forma parte de una célula delincuencial, por alguna circunstancia se deja en libertad, vuelven a tomar armas y a provocar agresiones. Lo digo porque los volvemos a detener o los encontramos fallecidos”, expresó López Solís.
Aunque el titular de la FGE no proporcionó cifras específicas sobre la reincidencia delictiva, destacó que la problemática es evidente en el ámbito de la portación de armas de fuego, que es competencia federal. Sin embargo, subrayó que la fiscalía ha identificado numerosos casos que reflejan esta realidad.
