Morelia, Michoacán
El proceso electoral en México se encuentra en pleno auge, con una contienda que promete ser una de las más competidas en la historia del país. En medio de este escenario desafiante, Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Michoacán, asume la tarea de atender más de 60 tipos de delitos electorales que amenazan la integridad y transparencia del proceso democrático.
En entrevista para Primera Plana MX, el fiscal especializado detalló las tareas prioritarias por atender en la tarea que se le acaba de conferir dentro de la instancia especializada que forma parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
– ¿Cómo llegas a la fiscalía?
“Nos apasiona el tema del derecho y respeto a las instituciones”, afirma Serrato Lozano, subrayando la importancia de garantizar un proceso electoral justo y equitativo. Enfatiza que la democracia se fundamenta en un conjunto de reglas a las que todos los actores involucrados deben someterse y cualquier violación a estas reglas debe ser investigada y perseguida por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
“La creación de esta fiscalía responde a la necesidad de abordar de manera específica y especializada las irregularidades que puedan surgir durante los procesos electorales. Desde su entrada en funciones en año electoral, esta institución se ha sumado al entramado institucional para garantizar la legalidad y transparencia en los comicios, que en esta ocasión involucran la elección de más de 20 mil cargos de elección popular en todo el país”.
– ¿Cuáles son los delitos más comunes?
Entre los delitos electorales más comunes se encuentran la coacción, la compra de votos y, más recientemente, el uso indebido de programas sociales con fines electorales. Serrato Lozano destaca que en 2021 se implementaron reformas que establecen la prisión preventiva oficiosa para quienes utilicen programas sociales con este propósito, demostrando el compromiso del Estado en combatir estas prácticas ilegales.
Otros delitos electorales que enfrentará la fiscalía incluyen la retención de credenciales de elector, el acarreo de votantes con el fin de influir en el sentido del voto y la distribución indebida de despensas u otros incentivos con el objetivo de comprar el voto.
Para hacer frente a estas amenazas, Serrato Lozano indicó que la Fiscalía ha establecido una red de ministerios públicos en todas las regiones del país, con el objetivo de poner especial atención en aquellas zonas donde históricamente se han registrado irregularidades electorales. Además, se trabaja en estrecha colaboración con otras instituciones como el INE, IEM, Segob, GN y la SSP para asegurar la integridad del proceso electoral.
En cuanto a las sanciones, se han establecido penas de hasta 15 años de prisión para quienes entreguen o reciban dinero con fines electorales, así como sanciones para servidores públicos que utilicen su posición para coaccionar el voto. También se castiga con prisión la divulgación de encuestas o resultados electorales durante la veda electoral.
– Michoacán está dentro de los seis estados con mayor incidencia de la delincuencia organizada…
Con seis estados catalogados como de alto riesgo y catorce con algún grado de riesgo, el fiscal especializado destacó que Michoacán se encuentra en alerta máxima para garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera adecuada y sin interferencias ilegales. En última instancia, se recuerda que la sanción máxima para quienes vulneren la democracia es la anulación de las elecciones, una medida que se tomará en casos de irregularidades graves que pongan en riesgo la legitimidad del proceso democrático.
