A través de un comunicado público, colectivas feministas y familiares de una menor de edad que fue presuntamente abusada sexualmente por su propio abuelo en el municipio de Huetamo, Michoacán, en el año 2022, exigieron justicia luego de que, a dos años de distancia, todavía no se haya procedido penalmente.

El comunicado destaca que, ese año, Nancy A. y Edilberto P., acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), para interponer una denuncia por violación equiparada en contra de su hija menor de edad; “los actos fueron cometidos por Beto N., abuelo de la menor”, contextualiza.

Detalla que, tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, ubicada en Huetamo, realizó varios estudios periciales, médicos y psicológicos, luego de lo cual se giró una orden de aprehensión en contra de Beto N., la cual nunca fue ejecutada.

“Durante este periodo, la familia denunciante no recibió información sobre los avances en la ejecución de la orden de aprehensión o en la investigación”, refiere el pronunciamiento.

El comunicado incluye un reclamo por lo que la familia considera una ausencia de justicia, y datos sobre el abuso sexual infantil. Textualmente señala lo siguiente:

Luego de un año sin avance en las investigaciones, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Huetamo se declaró incompetente y en septiembre del 2023 la familia de la menor fue informada que la orden de aprehensión había sido cancelada por supuestas inconsistencias de parte de las autoridades que en un inicio realizaron las investigaciones, además de que el caso se había transferido a Morelia y que se reiniciaría la investigación, la cual ahora sería llevada a cabo por el Ministerio Público especializado en delitos electorales.

Ante este panorama, denunciamos la negligencia e indolencia de parte de las autoridades competentes, las cuales observamos están entorpeciendo el proceso en curso con el claro objetivo de beneficiar al agresor.

Recordamos que nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo por actos de abuso sexual infantil, de acuerdo con la OCDE. Además, que este indignante panorama es perpetuado por la inacción de las autoridades ante las denuncias, lo que lleva a que la población muchas veces ni siquiera acuda a las instancias correspondientes a sabiendas de que la negligencia y revictimización son la constante en nuestro país. 

En el mismo sentido, recordamos que en México soló el uno por ciento de los casos de abuso sexual infantil que se denuncian reciben una sentencia, a lo que se suma que se estima que solo 100 de cada mil casos llegan a denunciarse ante la autoridad y de este centenar solo 10 llegan a presentarse ante un juez.

Por lo anteriormente expuesto, las abajo firmantes, colectivas, organizaciones y ciudadanas a título personal exigimos:

1. Que se garantice el acompañamiento tanto legal como psicológico de parte de las autoridades correspondientes para la menor afectada y su familia. Así como que las autoridades competentes atiendan a las denuncias de la familia por todas las irregularidades que se han presentado durante el proceso de investigación.

2. Que se continúe con la orden de aprensión girada en contra de Beto N., para que se garantice la seguridad de la menor y su familia, ya que la inacción y negligencia de las autoridades han llevado a que hoy en día el agresor permanezca impunemente en libertad.

3. Exigimos que el caso se canalice a una fiscalía especializada en delitos sexuales y de género; así como que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y respetando en todo momento el interés superior de la infancia, garantizando que no se revictimice a la menor y a la familia denunciante.

4. Qué se investigue y sancionen a las autoridades responsables del entorpecimiento y dilación en las investigaciones y la ejecución de la orden de aprehensión en contra de Beto N.

Hasta el momento las autoridades no han emitido una postura al respecto.

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