Morelia, Michoacán
Días después del plazo que se le fijó, el Congreso del Estado nombró una vez más a Marco Antonio Bravo titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). Esta vez, con carácter temporal.
La coordinadora parlamanteria del PRD, Julieta Gallado, y la diputada del PRI Adriana Hernández votaron en contra, mientras que el coordinador parlamentario del PRI, Jesús Hernández Peña, votó a favor en lo general pero presentó una reserva, lo cual se le negó debido a que al contar con sólo dos artículos el dictamen, ésta excedería el 30 por ciento del total del dictamen, lo cual no es posible. Presentó entonces una moción aclarativa, que fue desechada.
Hubo dos abstenciones, por parte de Felipe de Jesús Contreras y Guillermina Ríos del PRI.
El dictamen que elaboró la Comisión Inspectora de la ASM, reconoce que se incumplió el plazo de 24 horas que la juez cuarta de distrito fijó para anular el dictamen en donde se nombró como encargado de despacho a Marco Antonio Bravo, pues el Pleno lo dio por recibido el pasado 12 de diciembre, pero acotó que se solicitó una prórroga a la juez y ésta no respondió.

En la misma sesión en que se aprobó el paquete fiscal del Gobierno del Estado, una vez pasada la votación de las leyes de ingresos y egresos, se comenzó la discusión del dictamen. Esto es seis días después de que concluyeron las 24 horas.
La Comisión Inspectora reconoció también que no se debió continuar con la toma de protesta del nuevo auditor superior hasta que se obtuviera una resolución en el juicio de amparo interpuesto por el anterior auditor, Miguel Ángel Aguirre, contra su destitución.
No obstante, argumenta que se puede eliminar el decreto 461, en el que se nombra auditor superior a Bravo Pantoja, pero mantenerlo como “auditor superior temporal y con carácter de interino”, en lo que se resuelve el recurso legal y el Congreso local está en condiciones de tomarle protesta, asumiendo así que el recurso de amparo se resolverá en contra del promovente.
“Los únicos actos invalidantes y con los que se violó la suspensión definitiva fueron: la toma de protesta y la consecuente publicación en el periódico oficial”, argumentaron los diputados.
La decisión del diputado Baltazar Gaona de retirar su solicitud del uso de la voz fue celebrara con aplausos por parte de los presentes, de modo que no se discutió el dictamen.




