Morelia, Michoacán
El Congreso del Estado recibió oficialmente la notiicación del Poder Judicial que los obliga a eliminar el decreto, por segunda ocasión, que nombra a Marco Antonio Bravo “encargado de despacho” de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
El nombramiento se dio en condiciones irregulares, de acuerdo con la jueza del Cuarto Distrito, pues no fue avalado por el pleno, sino por mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), además de que el cargo de encargado de despacho no existe. Los legisladores tienen 24 horas para enmendar la plana.
Pero los legisladores no recibieron la comunicación sin repelar. Si bien el orden del día no contemplaba un debate, pues únicamente se trataba de dar por recibido el documento y no de una votación, varios diputados pidieron el uso de la voz para externar su consternación.
Molesto porque no se le permitió usar la tribuna y se le pidió que hablara desde su curul, Baltazar Gaona, del Partido del Trabajo (PT), se lanzó contra el Poder Judicial en general y aseguró que, independientemente de si como diputados habían o no hecho el procedimiento adecuado, el Poder Judicial en su totalidad protege delincuentes, actúa de manera facciosa, y debe ser reformado.
“El Poder Judicial se está burlando del pueblo de Michoacán, es una burla esto que hace […] Nada tiene que ver si nosotros como diputados acatamos o no acatamos”, externó.
Baltazar Gaona argumentó que es atribución del Congreso nombrar a los auditores, así como removerlos y llevar a cabo juicios políticos y que ahora una juez “prácticamente nos imposibilita, siendo nosotros un poder”, mientras que ellos únicamente pretenden velar por el derecho de los ciudadanos nombrando a Marco Antonio Bravo -quien por cierto, es compadre del gobernador del estado- para que vigile el uso de los recursos públicos, además de que el anterior auditor, Miguel Ángel Aguirre, a quien sugirió que se está protegiendo, fue destituido por “no hacer bien su trabajo”.
Por otro lado, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández, recordó que el tema no tiene que ver con el Poder Judicial, sino con que el Congreso del Estado faltó al debido proceso al derogar un decreto desde la Jucopo, lo cual es contrario a la ley:
“No comparto la responsabilidad que se da al Poder Judicial. Estamos aquí porque este poder que se encarga de legislar, de reformar, de crear nuevas leyes en favor de los michoacanos, violó la ley, y por eso nos están componiendo la plana, porque cinco diputados tomaron una decisión soberana, violando los derechos de los demás diputados”.
En el mismo sentido, David Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), opinó:
“Pareciera que nosotros como diputados estamos omisos al poder de la ley. Si el Poder Juidicial nos tiene que enmendar la plana si hemos actuado de alguna forma que no seguimos algún procedimiento como se debía, para eso existe la división de poderes. Nosotros como diputados no estamos excentos al cumplimiento de la ley”.
Esto fue respaldado por su coordinadora parlamentaria, Mónica Lariza Pérez, quien aclaró que ella no votó en dicha resolución de la Jucopo, pues no estuvo de acuerdo con que la decisión se tomara de manera unilateral.
Por su parte, Belinda Hurtado, del PT, justificó el actuar de la Jucopo diciendo que ahí están representadas todas las fuerzas paramentarias y que por ello los coordinadores tenían permitido votar en representación de los 40 diputados:
“No es que se exima a cada bancada, es lo que diga la mayoría de la Jucopo y estamos a expensas de esto”.
Baltazar
