Morelia, Michoacán
En una movida inédita, el Congreso del Estado nombró como encargado de despacho a la misma persona que hace unos meses rindió protesta como auditor superior de Michoacán, Marco Antonio Bravo.
Esto ante una resolución judicial que ordenó dar marcha atrás el nombramiento, pues existe una suspensión mientras se lleva a cabo el juicio de amparo sobre la destitución del auditor anterior, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.
Algunos legisladores argumentaron que esta movida es legal porque nunca recibieron la renuncia de Marco Antonio Bravo a su cargo anterior en la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). De ser así, habria estado fungiendo como auditor de normatividad y auditor superior al mismo tiempo.
La decisión de derogar el decreto mediante el cual se le nombró titular de la ASM el pasado 18 de octubre y designarlo titular temporal fue tomada no por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero no por todos sus integrantes, pues los coordinadores parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) se abstuvieron de emitir un voto.

Al término de la lectura de la orden del día de este miércoles, Jesús Hernández Peña, coordinador parlamentario del PRI, explicó que no emitió un voto porque derogar decretos no corresponde a la Jucopo, sino al pleno, además de que ni siquiera se convocó a la Comisión Inspectora de la ASM a la reunión.
“Estamos cediendo nuestra responsabilidad y la soberanía del Congreso a la Junta de Coordinación Política… el día de mañana la Junta podrá derogar decretos que este pleno apruebe”, advirtió.
“Entonces ya podemos irnos los 40 diputados a nuestra casa y la Jucopo que sesione, que apruebe las cosas”, secundó la diputada Adriana Hernández Íñiguez y recordó que “un acuerdo no está por encima de un decreto”.
Lamentó además que la Jucopo haya informado primero al Ejecutivo su decisión y luego a los demás diputados.

Por su parte, el diputado de Morena Juan Carlos Barragán aseguró que trataban de confundir a la audiencia y aseveró que se había actuado en el marco de la ley, argumentando que independientemente del resultado del juicio de amparo, Aguirre Abellaneda, a quien llamó “auditor carnal”, seguirá estando destituido, debido a que éste fue el resultado del juicio político que se llevó a cabo después de haberlo inhabilitado y que entonces Marco Antonio Bravo, compadre del gobernador, pasará de ser interino a ser una vez más el auditor superior.
El expriista Marco Polo Aguirre, por su parte, expuso que era necesario tomar una determinación en la Jucopo porque la juez de distrito les había dado solo 24 horas para acatar la resolución y que habría que esperar a que les diga “si eso es suficiente” y de no ser así, les dé más tiempo para actuar.
“Muy controversial el tema de los auditores carnales”, fue la opinión de la diputada del PVEM Margarita López, quien consideró que los coordinadores de las bancadas del PRI PAN y PRD debieron votar en contra y no abstenerse.
Ante ello, la coordinadora parlamentaria del PAN, Mónica Lariza Pérez, respondió que votar en contra significaría no estar de acuerdo con atender la resolución judicial, mientras que su bancada estaba a favor, pero esperaban que la invalidación del decreto se hiciera en el pleno.
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