Como un “premio a la corrupción” que favorece al exgobernador Silvano Aureoles Conejo calificó el aspirante al Senado Carlos Torres Piña la resolución que ordena al Congreso local retirar el nombramiento a Marco Antonio Bravo.

Dicha sentencia responde a una suspensión del proceso de nombramiento de un auditor, mientras no se resuelva el juicio de amparo interpuesto por el anterior titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, pero para Torres Piña es un acto que “deja en entredicho la imparcialidad en el actuar de representantes del Poder Judicial”.

El exsecretario de Gobierno consideró que la resolución judicial protege a Miguel Ángel Aguirre, a quien llama “auditor carnal de Silvano Aureoles” y entorpece el funcionamiento de la ASM al dejarla acéfala.

Aseguró que la jueza que emitió dicha resolución podría estar incurriendo en una falta administrativa al ir en contra de una resolución del Poder Legislativo.

Por lo anterior, reiteró que es necesaria una reforma al Poder Judicial para que los jueces y magistrados se elijan mediante elecciones públicas, como sugiere Andrés Manuel López Obrador y aseguró que esta reforma se concretará en 2024 como parte del Plan C, consistente en acaparar las dos terceras partes del Congreso con un “ejército de legisladoras y legisladores” para poder echar a andar reformas constitucionales sin necesidad de los votos de otros grupos parlamentarios.

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