Morelia, Michoacán
Por unanimidad de los 33 diputados que estuvieron presentes en ese momento en la sesión, se aprobó la Ley de Búsqueda de Personas en Michoacán.
Hasta ahora y a pesar de que hubo iniciativas sobre el tema en la pasada legislatura y de que la ley federal ya cumplió cinco años, Michoacán no contaba con un marco jurídico relacionado a la desaparición de personas.
No obstante, la entidad es una de las cinco en donde más fosas clandestinas se han encontrado en la presente administración federal, en total 224 de diciembre de 2018 a marzo de este año, de acuerdo con un reportaje de Grupo Reforma. Se estima que hay alrededor de cinco mil 400 desaparecidos en la entidad.
La iniciativa fue presentada por la madre buscadora y diputada Margarita Pérez López, quien desde tribuna declaró:
“Padecer los diversos modos de desaparición de un ser querido, se convierte en un calvario, porque la mayor parte de estos atroces actos delictivos son crueles y sus perpetradores quieren que ya no los busquemos. Cuántas veces encontramos a alguien que nos dice: ‘su familiar está muerto, ya deje de buscar’. Ante eso, las madres sacamos valentía del amor que tenemos por nuestros hijos, para no claudicar en nuestra búsqueda y sin temor les decimos: vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Señaló que los familiares de los desaparecidos son revictimizados no sólo por los delincuentes, sino por las instituciones, que tratan de desalentarnos y reconoció el trabajo y valor de estas familias.
Además de la iniciativa de Margarita López, también la diputada Brenda Fraga presentó la propia, al igual que organizaciones civiles. Todas se conjuntaron en el dictamen que elaboraron las comisiones de Justicia y Gobernación.
A pesar de que los comunicados emitidos por el Congreso del Estado anuncian como un gran logro la creación de esta ley y si bien se trata de un avance legislativo, no es más que una homologación de una disposición federal, que entre otras cosas contempla la búsqueda desde la presunción de vida, que se debe permitir la participación de las familias y que debe ser inmediata y sin condicionarse a un plazo específico.
