Morelia, Michoacán
Una inhabilitación hasta por 10 años para trabajar en el servicio público municipal y estatal es la sanción que proponen los diputados de la comisión Jurisdiccional en el Congreso del Estado para el exauditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, pues consideran que fue responsable de todo lo que lo acusó la contralora del estado, Azucena Marín Correa.
Este dictamen se votará este viernes a las 17:00 horas, en la única sesión extraordinaria a la que se convocó durante el receso legislativo, en que sólo se celebró el 19 de agosto una sesión solemne.
La denuncia de juicio político fue interpuesta en mayo por Azucena Marín y se turnó a la comisión Jurisdiccional el 5 de junio de este año, luego de que las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación la consideraron procedente.
En ella, se le acusaba de conflicto de interés, por comprar con recursos públicos equipo de cómputo a una amiga suya, no pagar los impuestos correspondientes al salario de los empleados de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), de no presentar sus informes anuales de fiscalización y de integrar mal los informes financieros, al no tomar en cuenta los pasivos.
Se dieron varios períodos para la presentación de pruebas y alegatos, los cuales concluyeron el 31 de agosto y para el día siguiente ya se tenía un dictamen. En todos los puntos, los diputados de la comisión Jurisdiccional dieron la razón a Azucena Marín y concluyeron que el entonces auditor llevó a cabo prácticas ilegales:
“Quedaron comprobados los hechos materias de la denuncia frente al C. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, en cuanto Auditor Superior de Michoacán, pues como se puso de manifiesto, ha llevado a cabo prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública”.
Las sanciones que proponen los diputados y que se someterán a votación son su destitución, que ya se llevó a cabo desde el pasado 25 de mayo, y una inhabilitación para trabajar en el servicio público municipal o estatal hasta por 10 años.
Llama la atención la celeridad que dio el Congreso del Estado a este juicio político, toda vez que en pasadas legislaturas los procesos de este tipo han demorado meses y hasta años. De hecho, el predecesor de Miguel Ángel Aguirre como titular de la ASM, José Luis López Salgado, todavía tiene un proceso de juicio político abierto, desde hace aproximadamente dos años.
