El comportamiento criminal durante los procesos electorales se modifica, ya que buscan reacomodarse mientras la atención está en las elecciones. Quien se va se centra en entregar, y quien llega siempre tendrá un periodo de aprendizaje que le deja campo de acción a los grupos que se disputan el territorio.
La evolución en la operación de la delincuencia organizada urge a la creación de políticas criminales con protocolos estandarizados preventivos con alta efectividad para evitar que la sociedad resienta cada cambio de gobierno los embates.
Adicionalmente, la intervención de la delincuencia al imponer candidatos, operar a su favor para luego montar narco gobiernos son prácticas que se han venido replicando a lo largo y ancho de México.
Apenas, en el estado de Guerrero fue asesinado un operador político de Marcelo Ebrard, aspirante la candidatura de Morena para presidente de la República.
En Michoacán, los grupos delincuenciales paralizaron a la industria de la masa y tortilla en Uruapan, donde también dejó de operar el transporte público días previos por ataques armados a sus unidades por presuntas extorsiones.
Y lo anterior es apenas el comienzo. La guerra intestina en época electoral siempre se torna más violenta en el sur del país dada su estratégica posición en el mapa para las rutas del trasiego de droga y la conectividad con el resto del mundo desde el Pacífico Mexicano.
La falta de estructura y coordinación efectiva de las corporaciones policiales permite no solo la operación de los cárteles, sino una constante lucha de poder, entre ellos donde las víctimas colaterales las pone la sociedad civil.
Al final, la responsabilidad recae íntegramente en el Estado Mexicano, pero la irresponsabilidad de este cuesta vidas de sus gobernados
