Morelia, Michoacán
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pidió a los propietarios de tortillerías en Uruapan, no dejarse intimidar ante lo que, reconoció, podría tratarse de un caso de extorsión de bandas delictivas que operan en ese municipio.
“De oficio la extorsión ya se investiga en Michoacán; en el caso de las tortillerías en Uruapan ya estamos en conjunto con la @FiscaliaMich indagando el tema para dar con los responsables”, advirtió el mandatario estatal a través de sus redes sociales.
Ramírez Bedolla destacó que estará dando seguimiento personalmente al supuesto amago, el cual provocó este miércoles el cierre masivo de tortillerías en Uruapan.
Y es que, desde temprana hora, ciudadanos denunciaron que la segunda ciudad más poblada de Michoacán – sólo por debajo de Morelia -, estaba viviendo un día sin tortillerías.
En redes sociales circularon imágenes fotográficas de diversos establecimientos con las cortinas abajo, y versiones que apuntaban hacia una amenaza de grupos criminales como la causa del cierre de estos comercios.
En una primera reacción, el gobernador aseguró que no había riesgo y que los oferentes de tortillas podían abrir sus negocios debido a que ya estaba en curso un operativo para garantizar la seguridad en la localidad.
“Que abran sus comercios, no hay riesgo, no se dejen intimidar. Hay un operativo fuerte en Uruapan y la Tierra Caliente”, destacó el mandatario estatal, entrevistado al medio día en Morelia, “no hay de qué preocuparse. Se llama a la calma y a la serenidad”.
Ya por la tarde, a las 14:56 horas, admitió que el caso estaba siendo investigado como un presunto caso de extorsión y que no habría impunidad.
Sobre este mismo tema, la oficina del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, emitió un comunicado a las 15:52 horas para recordar que el delito de extorsión ahora se persigue de oficio en Michoacán, es decir, no se requiere que haya denuncia penal.
“El Gobierno de Michoacán propuso endurecer las sanciones a quienes cometan una extorsión y se equiparó este delito al de secuestro, por las afectaciones que tiene para las víctimas y sus familias”, destacó Torres Piña.
El funcionario detalló que, además del presunto caso de extorsión contra los comerciantes de tortillas, también se colabora con la Fiscalía estatal para investigar las agresiones y atentados que ha habido en Uruapan en agravio del transporte público, ya que también podría tratarse de actos extorsivos.
