Morelia, Michoacán
Una denuncia en su contra, incertidumbre y riesgo es el precio que la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tlalpujahua, Alejandra Abad Velázquez, ha debido pagar por buscar la salvaguarda de mujeres víctimas de violencia en el seno de su familia.
Lo que comenzó como un caso de agresión intrafamiliar prosiguió hasta la violencia política en razón de género, donde se entremezclan presuntos misoginia, abuso de poder, mala praxis de las autoridades de justicia en Tlalpujahua e intereses político-electorales.
“Recibí a Adriana, luego de ser agredida, a pesar de encontrarse embarazada, por su ahora expareja y no obtener atención en la agencia del ministerio público de Tlalpujahua, le brindamos asesoría psicológica y jurídica, dimos seguimiento a su situación, y eso, al parecer, no fue del agrado del señor, de nombre Carlos, porque las represalias en mi contra no se hicieron esperar”, detalló Abad Velázquez.
Y es que, tras la intervención de Alejandra Abad ante el reclamo de justicia de Adriana, joven residente en Tlalpujahua que acudió al DIF local en busca de acompañamiento ante un caso de violencia intrafamiliar, la presidenta de la instancia fue denunciada por la comisión de lesiones, que, asegura, fueron autoinfligidas por la supuesta víctima y presunto agresor de Adriana, identificado como Carlos.
Fue en febrero de este año cuando se suscitaron los hechos que pusieron en peligro la vida de Adriana y su hijo nonato, y en el pasado 9 de junio, cuando se habrían registrado las agresiones reclamadas por Carlos, consistentes en, como consta en imágenes difundidas por él mismo en sus redes sociales, 4 arañazos visibles en el rostro, los que no se detectan en la imagen tomada el día de su detención por elementos de seguridad pública, por alteración del orden.
“Denunció una agresión que yo no hice, y las imágenes lo prueban, el día de su detención, cuando dice que yo lo lastimé, no tiene daños, y en una fotografía que publica días posteriores se ven los rasguños en su cara, por lo que no descarto que sean lesiones autoinfligidas, por las cuales me denuncia, no sé con qué fines, sólo que coincidió con la atención que, como presidenta del DIF local, brindé a su expareja embarazada y que le acusaba de violencia intrafamiliar”, explicó Alejandra Abad.
Lamentó que en esta situación se han conjuntado factores familiares, relacionado con la víctima y su presunto agresor; estructurales, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) en la región “no atiende las quejas de las mujeres violentadas, hasta que ellas desaparecen o sufren feminicidio”, y político electorales, puesto que “Sé que esto tiene un trasfondo político, sé quién está detrás de él, los he visto platicar, y la síndica municipal, cercana a un excandidato de otro partido político, levantó un acta de hechos que no le constaron”.
A pesar de los riesgos, “no me arrepiento de dar mi apoyo y de la instancia a Adriana y a todas las mujeres que lo soliciten, sé que quizá no seamos el área adecuada para eso, para eso está la FGE, pero ellos niegan el apoyo a las víctimas”.
Abad Velázquez mencionó que este miércoles 21 de junio interpondrá una denuncia en contra de Carlos y quienes resulten responsables por violencia política en razón de género, además de acudir a las secretarías de Gobierno (Segob) y Seguridad Pública (SSP) y la FGE, para buscar las medidas de protección, anteriormente negadas a Adriana, y seguridad para la presidenta del DIF de Tlalpujahua.
“Si soy la esposa del presidente municipal de Tlalpujahua y me agreden de esa manera, ¿qué le espera a otras mujeres? Yo no agredí o lastimé al señor, he tratado de apoyar a Adriana y a las mujeres y hombres que nos solicitan ayuda, y sí, tengo miedo por mí, pero más por ella”, reiteró.
Entre septiembre de 2021 y junio de 2023, el DIF en Tlalpujahuia ha recibido a alrededor de 40 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que buscan acompañamiento y asesoría, ante la presunta inacción u omisión de la FGE en la región.
”Ya te cargó la chingada”
Jalones de cabello, hematomas en cuello y pecho por la compresión con una rodilla del cuerpo, empujones, golpes y hemorragias nasales, propinadas a una mujer embarazada por su entonces pareja, fueron calificadas por la FGE en Tlalpujahua como “lesiones menores” que no pusieron en riesgo la vida de la madre y el producto, por lo que no ameritaron la interposición de una denuncia.
Adriana, de quien se omiten sus datos generales para restringir la exposición de su identidad, enfrentó en febrero pasado un incidente de abuso, maltrato y amenazas por parte de su entonces pareja, de nombre Carlos, para luego experimentar la violencia estructural de instancias que convencen a las mujeres de no proseguir.
Si bien pretendía mantener en privado los hechos, la denuncia en contra de la presidenta del DIF en Tlalpujahua llevó a Adriana a mostrar la situación que vivió y que le obligó a abandonar el patrimonio construido con su ahora expareja, así como a buscar asilo humanitario fuera de México.
“Ya te cargó la chingada”, afirmó Carlos a Adriana, luego de que ella, ya en proceso de separación, arribara a su domicilio y encontrara a Carlos en una convivencia con una mujer, a pesar de que el acuerdo entre ambos era que estos incidentes no se tendrían en tanto ambos compartieran el hogar.
Las lesiones físicas fueron acompañadas por agresiones verbales, en presencia de asistentes a la convivencia, y orillaron a la intervención de elementos de seguridad pública y protección civil municipal para valorar el estado físico de Adriana y su hijo nonato.
“Mi denuncia no procedió, porque el bebé estaba bien y mis lesiones tardaron menos de 15 días en sanar, pero además tuve que esperar 4 meses para que me entregaran una copia de mi denuncia, que está incompleta y parcial, por lo que me negaron las medidas de protección, ya que estas son ‘palabras mayores, que no se hacen así porque sí’”.
Por su parte, el presidente municipal de Tlalpujahua, Jorge Medina Montoya, refirió que este miércoles 21 de junio buscará una audiencia con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para exponer el caso de Adriana y la presidenta del DIF local.
“Me preocupa esta situación, porque, a veces, la gente puede ser muy vengativa”, explicó.
Presunta agresión contra Carlos
Fue el pasado 9 de junio cuando vecinos de El Carmen, en el municipio de Tlalpujahua, acudieron ante autoridades locales para solicitar la resolución de una queja referente a acceso al agua potable, inconformes entre los que se encontraba Carlos C.
La reunión, a la que se presentaron Jorge Medina y Alejandra Abad, no permitió la generación de acuerdos, lo que habría llevado a un altercado físico que involucró a la presidenta del DIF local y a Carlos, quien, aseveró, terminó golpeado y arrestado por elementos de seguridad pública.
El quejoso interpuso una denuncia ante la FGE y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por las agresiones físicas que habría sufrido, además de la intervención a favor de Abad Velázquez, de los elementos de seguridad pública.
