Morelia, Michoacán
El Plan B en materia electoral, de implementarse, conllevaría una importante reducción de las curules en el Congreso de la Unión reservadas a los grupos históricamente considerados como vulnerables.
La titular de la Defensoría Pública Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Jidicial de la Federación (TEPJF), Marina Martha López Santiago, señaló que actualmente hay más de 45 curules en el Congreso de la Unión ocupadas por representantes de mujeres, jóvenes, indígenas, población diversosexual, afroamericanos, personas con alguna discapacidad y mexicanos residentes en el extranjero.
El Plan B en materia electoral concentraría estas curules en un solo bloque, para disminuirlas a 20, menos de 50%.
Tras la inauguración del Encuentro de Defensorías. Experiencias y Retos Internacionales y Locales sobre la Defensa de los Derechos Político Electorales, que se llevó a cabo este viernes 8 de junio, López Santiago aseveró que, en estas condiciones, sería más complicado para miembros de estos grupos vulnerables arribar a la representación federal, lo que les colocaría en una posición de mayor riesgo para el ejercicio de sus derechos político electorales.
“Por ejemplo, tenemos 11 diputados federales migrantes, con esta reforma sería imposible garantizar que todos permanezcan”, detalló.
Para contrarrestar este escenario, la titular de la Unidad de Defensoría Electoral del TEPJF precisó que se recurriría a mecanismos para garantizar la aplicación de las acciones afirmativas y medidas compensatorias establecidas para buscar mitigar la inequidad que enfrentan los grupos vulnerables.
Esto, a través de solicitudes ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y, en casos necesarios, la judicialización.
Además, de afectar las determinaciones a una persona en lo específico, está recurrir a una acción por aplicación, que no tendría un efecto general.
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