Morelia, Michoacán
Las obras de infraestructura en todos sus ámbitos deben realizarse en los términos del concepto de “infraestructura transformadora”, que pondera garantizar los derechos humanos por encima de la ganancia; así lo dijo el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, diputado Reginaldo Sandoval Flores.
Esto quiere decir que la infraestructura transformadora, como derecho humano y bien público, está formada por capas de componentes, sistemas y redes intermodales, interoperarias, interdependientes e interconectadas entre sí, que contribuyen al bienestar público a partir del crecimiento y desarrollo económico, ventaja competitiva impulsada por el incremento de la productividad, que movilizan tecnología, mecanismos de mercado, regulaciones e innovaciones para resolver complejos problemas sociales y que brindan servicios esenciales para la población, procurando un desarrollo equitativo, incluyente, transparente y sostenible, a partir de estructuras fiables, resilientes, eficientes y de calidad para gozar de una vida digna en igualdad de condiciones.
Por lo que el legislador federal recomendó que la infraestructura proyectada a partir de la instalación de la Cuarta Transformación, debe realizarse bajo esta definición; ya que lo que se pondera es el bienestar de las personas, del medio ambiente, que sea resiliente e inclusiva, al mismo tiempo que se equilibra con la ganancia de los constructores.
Realzó que la gobernanza de la infraestructura debe tener planeación y ordenamiento, se debe empleo y contratación, un estudio de afectación al desarrollo humano, así como el impacto al medio ambiente, tener en cuenta el reasentamiento, la industrialización acelerada y evitar aceptar una deficiente planeación y, por consiguiente, un ordenamiento territorial defectuoso.
Finalmente Sandoval Flores, recordó que el gobierno federal tiene aprobados para ejercer en 2023 1 billón 189 mil 739 millones 635 mil 153 pesos, que se destinarán a gasto de inversión. Lo que se traduce en un fortalecimiento a la integración y vinculación de visiones y de políticas públicas que derivan de diversas instituciones, agentes, actores y representantes de la sociedad civil, a fin de gestionar los conflictos asociados a la construcción y mantenimiento de nueva infraestructura.
