Morelia, Michoacán
Luego de solicitar juicio político contra Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), a partir de presuntas irregularidades detectadas en la revisión de obras ejecutadas en Morelia con recursos estatales, el área jurídica del Gobierno del Estado afirmó que las acciones están legalmente sustentadas.
Fue César Ocegueda, titular de la Consejería Jurídica del Estado, quien enlistó los preceptos que marca la ley para facultar a la Secretaría de la Contraloría a fin de auditar recursos estatales aplicados por los municipios.
“Es muy claro que la Secretaría de la Contraloría tiene plenas facultades para vigilar, fiscalizar y auditar este tipo de recursos (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestuctura de Servicios Públicos Municipales, el FAEISPUM)”, sostuvo Ocegueda.
El funcionario detalló que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, señala que corresponde a la Contraloría del Estado inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con los presupuestos de egresos.
“Es en el presupuesto de egresos donde se establece el recurso que se transfiere a los municipios”, destacó el experto en derecho.
Agregó que también el Reglamento Interior de la Administración Pública de la Secretaría de la Contraloría, establece que la Dirección de Auditoría Gubernamental tiene como atribución, “justo eso, revisar y vigilar directamente el uso y ejercicio y destino de los recursos públicos federales transferidos al estado, así como los que ejerzan los gobiernos municipales mediante programas, convenios o acuerdos respectivos”.
El pasado martes, la Contraloría estatal dio a conocer una solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado, en contra del auditor michoacano.
En conferencia de prensa, la contralora Azucena Marín Correa señaló que, a partir de notas periodísticas, se abrieron líneas de investigación sobre una presunta red de corrupción donde, empresas ligadas a Aguirre Abellaneda, fueron contratadas para ejecutar ocho obras del Ayuntamiento por más de 200 millones de pesos.
Para la Contraloría estatal, la información recabada hasta ahora permite presumir que el auditor podría haber incurrido en conflicto de interés, una de las causales por las que puede proceder la petición de juicio político.
