Quito, Ecuador
En una medida drástica que nunca se había aplicado, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el miércoles la Asamblea Nacional del país, liderada por la oposición, la cual había iniciado un poceso de destitución contra el gobernante por acusaciones de malversación.
La Constitución le otorga a la autoridad electoral nacional del país siete días para establecer la fecha de una nueva votación presidencial y legislativa. El presidente y la Asamblea Nacional que se resulten elegidos gobernarán hasta el final del mandato original, 2025.
La medida constitucional permite que el presidente gobierne por decreto en un país de 18 millones de habitantes que ya vivía una tormenta política por el aumento de la violencia y las luchas de los grupos de narcotraficantes que pugnan en el territorio.
Los legisladores de la oposición acusaron a Lasso de hacer la vista gorda ante la malversación de fondos en un contrato entre una naviera estatal y una empresa petrolera que no cumplía sus promesas, acusaciones que aparecieron por primera vez en los medios de comunicación.
La Corte Constitucional del país aprobó, posteriormente, una acusación de malversación contra el presidente, pero rechazó dos acusaciones de soborno.
La semana pasada, la Asamblea Nacional votó a favor de iniciar las audiencias de destitución, pero todos los procedimientos se paralizaron definitivamente cuando Lasso disolvió el órgano legislativo.
El presidente ha negado repetidamente las acusaciones, señalando que el contrato se firmó antes de que él asumiera el cargo.
“El juicio es político”, ha asegurado en varias oportunidades.
