Morelia, Michoacán
El rechazo del Plan B por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se derivó de una carga política y no jurídica, opinó Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán.
“La postura que asumieron los ministros lleva una carga política, más que una cuestión jurídica. Somos respetuosos, es un poder en el país y respetamos la postura”, indicó el encargado de la política interna.
En entrevista para Primera Plana Mx, Torres Piña manifestó que se tiene de plazo hasta el 30 de mayo para presentar una contrapropuesta que permita modificar el Código Electoral y dar salida a algunos articulados del Plan B.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que los ministros no aprobaron la reforma porque será atentar en contra de sus privilegios, entre los que enlistó sueldos de 297 mil 403 pesos mensuales, aguinaldos de 586 mil pesos, primas vacacionales de 95 mil pesos, un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil pesos anuales, un comedor especial en la Corte para ordenar alimentos y bebidas alcohólicas y presupuesto de cinco millones 540,930 pesos para contratar personal extra, entre otros.
Sobre la segunda parte de la reforma electoral propuesta por el Gobierno de México, que contempla la elección de jueces mediante el voto y no por meritocracia en carrera judicial, Torres Piña comentó que, si bien el escenario es complicado, se debe allanar el camino para que la voluntad popular sea la que determine los lugares en los juzgados del Poder Judicial.
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