Morelia, Michoacán

Activistas se presentaron este lunes en el Congreso del Estado para urgir a los diputados a que aceleren el proceso de votación de la minuta de la Ley 3 de 3, que ya se aprobó a nivel federal.

Esta reforma prohíbe que quien haya ejercido violencia de género de cualquier tipo o bien sea deudor alimentario pueda ocupar un cargo público.

Si bien ya se aprobó en en el Congreso de la Unión, al tratarse de una reforma constitucional requiere del aval de más de la mitad de los Congresos locales. Esto quiere decir, que 17 Congresos deben aprobarla.

“No queremos a ningún agresor en el poder”, expresó Nuria Gabriela Hernández Abarca, quien además de activista es la titular del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Morelia.

Explicó que su intención es que la minuta pueda ser incorporada a la mayor brevedad posible al orden del día para que el Congreso de Michoacán sea uno de los primeros en el país en aprobarla.

Por su parte, la activista Oti Molina, quien forma parte de Todas Mx, recordó que este dictamen surgió de una iniciativa ciudadana que impulsó la colectiva Las Constituyentes Feministas.

A la entrega del documento se sumaron también la diputada suplente Gabriela Cázares y la diputada local Adriana Hernández Íñiguez, quien consideró que esta reforma “servirá para la dignificación de la clase política y la función pública en México”.

Todas las presentes confiaron en que la minuta podrá ser aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado.

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