Fotos: ACG

Morelia, Michoacán

Michoacán dispone de un decálogo para normar el ejercicio del derecho al autogobierno indígena y a la administración directa del presupuesto, que prevé facilitar la implementación de este esquema en las poblaciones originarias que así lo decidan.

Durante el foro Horizontes y Retos del Autogobierno Comunitario, efectuado este martes 4 de abril, en Morelia, el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínez, señaló que el decálogo propiciará una relación armónica entre el gobierno estatal, los ayuntamientos y las comunidades indígenas, especialmente aquellas que han transitado hacia el autogobierno y el presupuesto directo.

Aseveró que este esquema, calificado como un cuarto nivel de gobierno en la entidad, no conlleva una ruptura, pero sí una relación distinta con las instituciones ya existentes, debido a su enfoque intercultural, que no está presente en el caso de los ayuntamientos.

Así, “no es que veamos a las comunidades indígenas como ayuntamientos chiquitos, sino como entidades con pleno ejercicio de sus derechos”.

En síntesis, el decálogo prevé el autogobierno como un derecho, no programa de gobierno; una relación distinta habrá de generarse en estos casos entre las comunidades indígenas y el Estado mexicano, más no una ruptura; aunque relacionados, autogobierno y presupuesto directo son conceptos distintos, con alcances diferentes; asimismo, son distintos el presupuesto directo y el presupuesto participativo, y las comunidades indígenas con un autogobierno no deben ser vistas como pequeños ayuntamientos.

Aunado a esto, el concejo comunal es el órgano que concentra la autoridad, más allá de un individuo; la toma de decisiones recaen en la Asamblea General, como máxima autoridad de la población; la información que se hace llegar a las comunidades indígenas con autogobierno debe ser pertinente culturalmente; instancias y niveles de gobierno atenderán a los autogobiernos indígenas considerando su derecho a la asociación, y existen mecanismos de fiscalización y seguimiento del ejercicio del gasto público en el seno de las poblaciones originarias, además de los mecanismos externos.

Al corte de abril de 2023, suman 29 las comunidades indígenas que disponen de un autogobierno, algunas de las cuales debieron recurrir a los tribunales para ejercer el derecho a la autodeterminación, mientras que otras se acogieron a la legislación estatal vigente a partir de 2021.

Entre estas, destacan Comachuén, en Nahuatzen; Santa Fe de la Laguna, en Quiroga; Crescencio Morales, en Zitácuaro; Angahuan, en Uruapan, y Santiago Azajo, en Coeneo.


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