Ciudad de México
El ministro Alberto Pérez Dayán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, las cuales representan la primera etapa del Plan B.
De acuerdo con registros judiciales, se trata de primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, ya que hay 125 impugnaciones sobre el tema que presentaron gobiernos estatales y municipales.
En el acuerdo publicado por el ministro Pérez Dayán el INE sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, producen una violación directa a sus funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional.
“El Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, indica el acuerdo de admisión.
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