Morelia, Michoacán
La extorsión afecta parejo, lo mismo a la ciudadanía y productores, que a autoridades municipales y estatales; el 90 por ciento no denuncia por temor, reconoció el senador morenista, Ricardo Monreal Ávila.
El legislador federal acudió a Morelia para participar en el foro sobre la iniciativa de Ley contra el delito de extorsión en Michoacán, cuya medida le pareció acertada y un ejemplo a nivel nacional de atención al delito.
“Otros estados e inclusive a nivel federal deberían legislar siguiendo el ejemplo de Michoacán, porque si es un problema grave porque la extorsión está imponiendo a autoridades municipales y estatales. No hay que ocultarlo el crimen organizado quiere también intervenir en nuestros procesos comiciales y no debemos permitirlo”, explicó.
En ese sentido, el senador morenista recalcó que el delito no se denuncia por temor, toda vez que el sistema está corrompido.
“En los pueblos y provincias, la gente no denuncia por temor, por miedo, por desconfianza a la autoridad, porque apenas presentan la denuncia, a la hora ya sabe el denunciado que la presentaste, ese es un gran problema de la justicia, un déficit de confianza”, manifestó.
Monreal Ávila dijo que la desconfianza ciudadana se extiende hacia el Poder Judicial, porque durante años los jueces han estado al servicio del mejor postor y al poderoso que tiene recursos para comprarles.
“Ese es un gran problema, el Poder Judicial requiere de reformas profundas, se tiene que recuperar la confianza ciudadana, por ello me alegra la aprobación de esta reforma para atender la extorsión en Michoacán”, finalizó.
La reforma que ya fue aprobada en el Congreso del Estado pretende atender el delito el delito de extorsión en Michoacán, la cual propone imponer 25 años de prisión a quien lo cometa.
La parte sustancial de la propuesta radica en cambiar la tipificación del delito y que pase de un delito que atente contra el patrimonio a la lista de delitos de afectación de la paz y con ello aumentar la pena de 15 a 25 años de cárcel para quien lo cometa.
La reforma fue trabajada en conjunto entre el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el ejecutivo local y un avance significativo se deriva de que a partir de ahora, se podrá perseguir de oficio y que se equipara como delito grave, nivelado al secuestro.
