Morelia, Michoacán
Entre 50 y 60 por ciento de las huertas aguacateras instaladas en Michoacán se encuentran en predios que alguna vez fueron forestales, ello, sin contar con permiso de cambio de uso de suelo emitido por la autoridad federal.
De acuerdo con el representante del Consejo Estatal de Ecología (Coeeco), Julio Santoyo, bien no existe un registro puntual de la extensión dedicada a la producción de aguacate en el estado, la estimación es que más de 300 mil hectáreas se utilizan para esta finalidad.
De este universo, entre 150 mil y 180 mil hectáreas corresponden a predios que fueron bosques y áreas arboladas que fueron desmontadas para instalar sistemas productivos.
El impacto de esta sustitución de bosques por huertos aguacateros puede observarse en la disminución de la superficie forestal, que pasó en las últimas 3 décadas de 3.2 millones de hectáreas a 900 mil hectáreas.
“Si esto no es un ecocidio, entonces no sé lo que es”, afirmó Julio Santoyo.
Cuestionado en torno de los proyectos de certificación ambiental para el aguacate michoacano de exportación, abre las quejas de consumidores internacionales por la huella ecológica que genera el fruto y su creciente demanda y precio, Julio Santoyo explicó que existen no menos de 10 certificaciones para el aguacate, ninguna de las cuales es ambiental.
Aunque se han tenido proyectos desde el gobierno del estado para impulsar la acreditación de aguacate que no ocasiona daño ambiental en su producción y manejo, no se ha concretado un sello con estas características que tenga una validez internacional.
Esto no conlleva que todo el aguacate obtenido en Michoacán se produce en condiciones de deterioro ecológico, pero las huertas orgánicas o instaladas en predios de vocación agrícola “son las menos”.
Lamentó la inacción de las autoridades federales, que es vista por los productores ilegales de aguacate como un permiso para proseguir.
