Fotos: ACG

Morelia, Michoacán

Familiares de Frida Santamaría García interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la presunta violación de los derechos humanos de las víctimas directa e indirectas del homicidio de la joven, el pasado junio de 2022.

Ante las instalaciones de la CEDH y con el acompañamiento de la colectiva feminista MAPAS, los familiares de Frida Santamaría afirmaron que, desde el inicio del caso, las condiciones se presentaron como propicias para la disminución de la responsabilidad de Juan A., sentenciado como responsable del muerte de la joven.

Esto, tras la reclasificación del delito de feminicidio a homicidio culposo y el cambio de la medida cautelar, de prisión preventiva a arraigo domiciliario, en un sitio que se mantiene en calidad de “privado, para prevenir represalias”.

Aunado a ello, la apelación de la decisión de reclasificar el ilícito permanece sin respuesta, más de 10 días de su interposición.

La queja abarca al juez de control Mario Sotelo y la Fiscalía Regional de Jiquilpan, que, aseguraron, se sumó a los esfuerzos de la defensa de Juan A. para el tratamiento legal del hecho.

Con anterioridad, la CEDH aseveró que inició una queja de oficio ante las presuntas irregularidades observadas en el caso, sin especificar algún avance en la revisión de los hechos.

“No quiero más muertos en mi familia”, declaró con aparente temor y lágrimas, Eduardo Santamaría, padre de la víctima, frente a la Comisión.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) se pronunciaron en contra del resultado del proceso, sin acciones definidas.

Santamaría García fue asesinada en junio de 2022, durante una reunión en la que fue lesionada por disparo de arma de fuego.

A pesar de que la familia de Frida Santamaría afirmó que el hecho constituyó un feminicidio, antecedido por una relación de noviazgo violenta, el juzgador decidió ir por homicidio culposo y otorgó 3 años de libertad condicional y un pago económico por concepto de reparación del daño.

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