La comunidad indígena de San Francisco Uricho y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) seguirán una ruta legal, social y política para buscar asegurar la realización de la consulta sobre la asignación de presupuesto directo y la incorporación de la localidad al modelo de autogobierno.
El presidente del CSIM, Pável Ulianov Guzmán Macario, refirió que luego que el pasado domingo 15 de enero el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) suspendiera la consulta por incidentes de violencia atribuidos a pobladores de esta localidad, ubicada en el municipio de Erongarícuaro, se pondrá en marcha una serie de acciones para buscar garantizar la celebración del ejercicio.
Esta ruta comprenderá manifestaciones en vías carreteras de Erogarícuaro y diversas partes de la entidad; la celebración de mesas de trabajo con la Federación y el estado y la interposición de demandas y denuncias, algunas de las cuales ya se han concretado y otras más aún están pendientes.
Foto: Asaid Castro /ACG
“Nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias para lograr la consulta en San Francisco Uricho. El CSIM no los vamos a dejar solos, los vamos a acompañar”, expresó.
Pável Guzmán lamentó que el presidente municipal de Erongarícuaro, Juan Calderón, haya mostrado lo que considera un “doble discurso” en relación con los pueblos indígenas:
“Declara que no va a intervenir en las comunidades indígenas, pero manda a sus empleados de confianza a hacerlo; dice respetar los derechos de los pueblos indígenas, pero en Carácuaro interpuso 17 recursos en contra de la autonomía que la localidad eligió y ahora en San Francisco Uricho ni siquiera permitió que se efectuara la consulta, no tiene cariño o arraigo por Erongarícuaro porque es de Nahuatzen”, expuso.
Foto: Asaid Castro /ACG
Detectan a Servidores de la Nación entre los que ocasionaron disturbios
El jefe de Tenencia de Uricho, Ulises Torres, expuso que la población responsabiliza al gobierno municipal de Erongarícuaro por las afectaciones que resulten de estos hechos, así como de la intrusión en las oficinas de la jefatura de Tenencia, donde se resguardaban documentos importantes para la comunidad, con el conocimiento del municipio.
Pobladores de San Francisco Uricho agregaron que se identificó a al menos 13 personas en la intervención que llevó a la suspensión de la consulta, tres de ellas empleados municipales de confianza y 10, servidores de la Nación, quienes manejan la asignación de becas Benito Juárez y otros programas sociales federales como mecanismo de coacción, afirmaron.
Aseguraron que de estos hechos se hará la denuncia ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para buscar lograr la consulta y que “se escuche la voz de todos”.
